Ayer se pospuso para el próximo 27 de octubre la discusión y probable aprobación de la reforma a la Ley del Infonavit, que pretende entregar créditos de forma directa a los derechohabientes sin intermediarios para la compra de casa o terreno para autoconstrucción, lo que beneficiaría a cerca de 5 millones de trabajadores que no encuentran una opción para hacerse de una vivienda, estimó Carlos Martínez Velázquez, director general del instituto.
"Al menos el 10 por ciento de los trabajadores que hoy están precalificados para un crédito, que son 5 millones los precalificados, quisieran que hubiera esta opción", dijo.
La reforma, calificada de "histórica" por el funcionario, modificará los artículos 3, 41, 50, 42, 43 y 47 de la Ley para otorgar el ahorro a los afiliados del instituto que deseen comprar una casa sin intermediarios, construir en terreno propio, adquirir tierra, mejorar o ampliar la vivienda, así como solicitar un segundo crédito para todo el proceso.
"La iniciativa quita la restricción de dar créditos subsecuentes, hoy el Infonavit sólo puede dar un crédito y el que sigue lo puede dar en coparticipación con la banca", agregó.
Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), señaló que sus agremiados ven con optimismo la iniciativa enviada por el presidente al Congreso, para atender a los trabajadores de menores ingresos que no pueden comprar una casa.
"(La iniciativa) va muy enfocada en cuanto a la compra de terrenos y en atender a los trabajadores de la base del Infonavit (...) No todos los trabajadores pueden adquirir una vivienda por su nivel de crédito al que puedan tener acceso", dijo.
Agregó que la iniciativa también contempla la formalización de algunos programas que ya estaban en marcha en el instituto como el uso de las subcuentas de vivienda de trabajadores no activos, con las cuales se podría financiar mayor volumen de compra.
El Infonavit tiene 33 millones de subcuentas no activas de las cuales, 1 millón 100 mil representan montos en promedios de 120 mil pesos, que pueden ser destinadas para adquirir un crédito hipotecario, como un enganche a través de un cofinanciamiento entre la banca y el Infonavit.
"Habrá la capacidad para que destinen el crédito para el pago de hipoteca con otra institución financiera, todo esto lo que hace desde nuestro punto de vista es fortalecer el mercado hipotecario", agregó.
Autoconstrucción es más cara
En contraste, Yuri Zagorin, presidente de la Canadevi Valle de México, una de las regiones más contraídas en la venta de casas por COVID, aseveró que la propuesta es peligrosa pues la autoproducción de vivienda resulta hasta 8 veces más cara de una vivienda tradicional por los servicios urbanos, ubicación y la regularización de la tierra, que hace a este tipo de residencias en una 'bomba de tiempo' para el Estado.
"Es una política muy peligrosa que vimos en las épocas más populistas del PRI, donde se usaba la vivienda como palanca política o de la regularización de servicios e infraestructura, era la forma en que podía acceder al control. Me preocupa porque no veo un mecanismo más eficiente que no sea el mercado", dijo.
Criticó que a las desarrolladoras de vivienda se les denomine como "intermediarios" pues se consideran más un sector que transforma a través de otras 42 ramas de la industria; dijo que las grandes vivienderas como Ara, Javer, Vinte, Sadasi, obtienen un margen de ganancia por la venta de vivienda social de entre 8 y 11 por ciento.
"Me gustaría ver al Estado tomar una participación más activa en la producción de vivienda, entender que la vivienda no es sólo hacer casa, hay muchas modalidades de vivienda que deben explorarse, por ejemplo, la vivienda en renta", agregó.
Gene Towle, CEO de Softec, destacó que la propuesta abre la puerta al negocio de la venta de tierra, los fraccionamientos y lotes para la autoproducción, pues se reduciría el riesgo en el financiamiento de infraestructura de suelo.
"Calculamos que en México se hacen alrededor de 1 millón de casas al año, de ese alrededor de 250 mil son en zonas rurales; de las 750 que te quedan, 500 mil se hacen por autoproducción en lote propio", comentó.
Jorge Paredes, CEO de Realty World, destacó que la aplicación de los cambios puede favorecer a los derechohabientes porque le da más flexibilidad al mercado al momento de darle al consumidor la opción de comprar donde quiera.
"Tiene que tener candados de tal manera que, así como se den las administraciones de acuerdo con los avances de obra, para evitar que ese dinero se destine a otros fines", dijo.