México es el país que tuvo el número más alto de conflictos sociales de la industria minera en Latinoamérica, con 45 de los 254 incidentes registrados en la región desde 1998.
Con ello superó a Chile con 43 reportes, Perú con 39, Argentina con 29 y Brasil con 26, de acuerdo con los datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).
Impulsados por esta problemática, legisladores de Morena presentaron el pasado martes una iniciativa de reforma a la Ley Minera, que de aprobarse, otorgaría mayores facultades a la Secretaría de Economía para cancelar concesiones en el sector cuando generen conflictos sociales y ambientales.
"Hay una falta de Estado de Derecho en México para la minería, si a eso le añades más normatividad, más situaciones de tramitología minera y más trámites, pues definitivamente mermas la inversión en el sector. Si vemos a las grandes empresas afectadas por esta situación, esto terminará matando al pequeño minero", advirtió Alberto López, director general de minería del gobierno de Sonora.
Una encuesta de KPMG realizada a las mineras sobre los principales riesgos para su actividad, ubica a la relación con las comunidades y la llamada "licencia social" para operar como la cuarta preocupación más importante que tienen.
Al respecto Mario Hernández, Socio Líder del segmento IMMEX de KPMG, explicó que la propuesta de cambios a la Ley Minera atiende a los reclamos sociales, tanto de sindicatos, como de las comunidades donde se ubican las minas.
"Hay que tomar en cuenta que estas personas (de las comunidades) ven a las mineras como un ingreso, pero también como un riesgo, el gobierno lo que hace es responder a un reclamo social y regular las concesiones", opinó Hernández.
Sin embargo, para la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la iniciativa de reforma de Morena no cumple con las expectativas de grupos que confrontan a este sector en el país.
"No nos interesa legislar una minería adecuada y responsable o verde o socialmente justa, queremos que se larguen de los territorios (…) si consideramos que hemos tenido hasta 36 mil concesiones y ahora aproximadamente 25 mil, es 'normal' que haya tantos conflictos pero analizados desde diferentes perspectivas", apuntó REMA en un correo a El Financiero.
Canadienses encabezan en el país
Las canadienses son las mineras que más problemas sociales y ambientales registran en México dentro del sector, según datos de OCMAL.
Información de esta organización refiere que entre 1980 y 2018 se reportaron 45 conflictos sociales con mineras, de los cuales 21 corresponden a firmas de origen canadiense.
Entre ellas destacan First Majestic con cuatro confrontaciones con comunidades cercanas a sus proyectos, mientras que Alamos Gold, Brigus Gold Corp y Fortuna Silver Mines, registran dos incidentes sociales cada una.
"Las empresas canadienses son las que tienen más problemas, pero muchas cumplen con estándares internacionales, ahora si les agrega más regulación puede que ya no inviertan", indicó el Socio Líder del segmento IMMEX de KPMG.
Iniciativa elevará incertidumbre
Aunque la propuesta para adicionar nuevas disposiciones a la Ley Minera solo es una iniciativa, en el corto plazo afectará a las empresas del sector en México, ya que podría aumentar la incertidumbre en las concesiones e inversiones de los próximos años, consideraron analistas.
Entre otras cosas, la iniciativa de ley presentada el martes por Morena, faculta a la Secretaría de Economía para que pueda declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como cancelar concesiones y asignaciones mineras por este motivo.
"Aunque por el momento hay muy pocos detalles de la forma en cómo se determinarán los impactos sociales que podrían derivar en la cancelación de una concesión, este punto será medular para el precio de la acción de Grupo México (GMéxico)", cita en un reporte Fernando Bolaños, analista de Monex.
En los últimos dos días, el precio de la acción de GMéxico acumuló en la BMV una caída de 7.4 por ciento, lo equivalente a una pérdida de mil 356 millones de dólares en su market cap.
Por su parte, el valor de los títulos de Industrias Peñoles disminuyó 12.1 por ciento desde el martes, lo que equivale a una merma de 671 millones de dólares en su capitalización de mercado.
"Es una regulación negativa para el sector porque puede hacer más lenta la asignación de nuevas concesiones, es muy general (la iniciativa), ambigua, hay que ver cómo se aterriza", dijo Alik García, analista de Intercam.
Minera Frisco y Autlán salieron mejor libradas que GMéxico y Peñoles, ya que en los últimos dos días su cotización en la BMV cayó solo 1.5 y 2.1 por ciento, respectivamente, lo que significó una pérdida en su market cap de 14 y 5 millones de dólares, en el mismo orden.