El amparo otorgado por el Juzgado 16 de Distrito en Materia Administrativa a Altos Hornos de México (AHMSA) es una medida cautelar para proteger sus reservas de carbón mineral que tienen en Coahuila y no representa que la empresa esté en contra de la Reforma Energética, dijo Francisco Orduña Mangiola, director de comunicación social de la empresa acerera.
Ayer el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer que el juzgado federal había concedido una suspensión definitiva a la empresa en contra de la aplicación del artículo 27 de la Ley de Hidrocarburos.
"Como empresa nosotros tenemos el derecho adquirido sobre zonas con reservas de carbón y en este momento algunas de ellas no las estamos explotando, y esto daría pie a que le dieran el derecho a explotar hidrocarburo a un tercero, y eso nos perjudica porque en minería se tiene que tener reservas probadas de largo plazo (20 años por lo menos) para poder justificar nuestras inversiones", indicó el directivo.
Por ello, dijo, la empresa se inconformó "porque vio vulnerado un derecho pre adquirido y porque si no tuviéramos esta perspectiva de largo plazo, pues simplemente no invertiríamos en maquinaria, ya que las actividades de minería son muy intensivas en equipo".
Indicó que "hasta ahora el juez no se ha pronunciado, y lo único que implica esta resolución es que se quede todo quieto, pero todavía no hay una resolución, pero en el resto de la reforma estamos en todo de acuerdo".
Orduña Mangiola destacó que la inconformidad se dio en su subsidiaria Minera del Norte S.A. de C.V., que integra a sus unidades Mimosa y Micare, en contra de la aplicación del artículo 27.
El directivo descartó que este procedimiento legal opere como una protección contra una posible expropiación por parte del Gobierno Federal.
"No es una protección contra alguna expropiación, lo único que establece es una protección para un derecho adquirido para que no se le otorgue ese derecho a un tercero, si no la trabajamos en cierto momento", explicó.
Según el CJF la medida tiene por objeto mantener las cosas en el estado que tienen, de modo que no se asigne o contrate la explotación y extracción de gas natural dentro de las superficies de los terrenos concesionados a la empresa y que estén vigentes, hasta en tanto se dicte la ejecutoria en el juicio principal.
Agregó el Consejo que la empresa busca que no se le aplique el procedimiento forzado de negociación para determinar indemnizaciones y preparar licitaciones.
Orduña señaló que como todo proceso legal puede llevar tiempo.
"Esta decisión del juzgado implica que no se genere un daño contra nuestra empresa, en el caso de que se pudiera haber otorgado un derecho a un tercero para la explotación de algunos de las terrenos en la que ya tenemos derechos pre adquiridos", detalló.
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