El sector privado de la radiodifusión en México quiere modificar, en la iniciativa de ley secundaria de telecomunicaciones, el capítulo relacionado con las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para imponer multas.
Raúl Sandoval, representante de Núcleo Radio Mil (NRM) Comunicaciones, consideró que el planteamiento del proyecto de ley del Ejecutivo podría llevar a la quiebra a varios concesionarios.
"Nos preocupa enormemente el monto de las sanciones, pues consideramos que de quedar como están en la propuesta del ejecutivo, éstas caerán fácilmente en los supuestos establecidos en el artículo 115 de la propia ley, donde se señala como causa de la terminación de una concesión, entre otras, la disolución o quiebra del concesionario" , señaló Sandoval.
El directivo pidió al Legislativo hacer un estudio sobre este tema con la idea de establecer sanciones justas, equitativas y proporcionales. Anteriormente, el regulador de telecomunicaciones en México no tenía facultades para multar a los operadores.
La facultad era ejercida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y las multas oscilaban entre los 2 y 100 mil salarios mínimos. El proyecto de ley reglamentaria que hoy se encuentra en el Senado indica que los operadores de radiodifusión y telecomunicaciones podrían ser sujetos a sanciones que van desde 0.01 hasta el 5 por ciento de sus ingresos, según la infracción.
La ley faculta al IFT para que duplique las sanciones en caso de reincidencia. A pesar de ello, de acuerdo con el artículo 294 del proyecto de la cámara alta, el pago de las multas que imponga el Instituto no será exigible hasta que la resolución correspondiente cause estado en el ámbito administrativo y en el judicial.
Eduardo Ruiz, representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), calificó como preocupante para los industriales de la radio y televisión que se pretendan imponer sanciones, determinadas, a su vez, con base en el nivel de ingresos de las estaciones de radiodifusión.
Existe una diferencia clara entre los aspectos operativos de la radiodifusión, incluyendo los económicos, respecto del resto de las telecomunicaciones, agregó.
No obstante el hecho de que la radiodifusión será regulada a partir de la aprobación de la legislación secundaria bajo el mismo cuerpo normativo que el resto de las telecomunicaciones, tiene elementos distintivos que son inobjetables, expuso Ruiz Vega.
"Es por ello que llama la atención y preocupa el capítulo de la iniciativa relativo a las sanciones. Sentimos que esta propuesta, independientemente del análisis que de su contenido haga el Legislativo Federal en su conjunto, no toma en cuenta la realidad que vive la radiodifusión de nuestro país", expresó.
PIDEN CRITERIOS CLAROS
Para los radiodifusores la iniciativa de ley debe establecer con claridad los criterios que se tomarán en cuenta para el pago de la contraprestación por el refrendo de concesiones comerciales, a fin de evitar actos discrecionales.
Sandoval ha señalado la necesidad de fijar una fórmula que permita a los operadores hacer las proyecciones económicas necesarias para el pago del refrendo.