Tras serle adjudicado el proyecto de la Red Compartida, ALTÁN tendrá entre sus principales retos realizar el despliegue de ésta, enfrentar la volatilidad del dólar, el amparo que alista el consorcio Rivada en contra del fallo de la licitación, además de cumplir en tiempo y forma con la cobertura prometida.
El grupo representado por el empresario español Eugenio Galdón está comprometido a desarrollar y operar por un periodo de 20 años un proyecto con una inversión calculada en alrededor de 7 mil 500 millones de dólares.
Esto representa un reto para el consorcio integrado por fondos de inversión como Morgan Stanley y de empresas que ofrecen servicios al usuario final como Axtel y Megacable.
José Luis Peralta, fundador de la consultora Entuizer, comentó que el despliegue será uno de los principales lances por sortear, pues el consorcio ha prometido en su oferta alcanzar una cobertura poblacional de 92.2 por ciento.
"El principal reto es lograr la cobertura ofertada en las distintas etapas de despliegue de la red, en los tiempos comprometidos y con la calidad que la SCT y el IFT le han establecido", señaló.
El estudio "Barreras de competencia y a la neutralidad competitiva causadas por reglamentaciones y entidades públicas en telecomunicaciones y radiodifusión" refiere que la regulación de trámites y otros requerimientos pueden traducirse en retrasos, sobrecostos, ineficiencias, riesgos e incertidumbre.
Lo anterior no sólo complica la realización de los proyectos, sino que también puede convertirse en barreras de entrada para la competencia, revela el estudio realizado en conjunto por el ITAM, el IFT y el Centro de Estudios para la Competitividad.
A pesar de que ALTÁN garantizó que se mantiene cubierto ante la volatilidad del dólar, Peralta estimó que el tipo de cambio es otro de los riesgos, pues la red está tasada en dólares.
"Para toda red de telecom es crítico el factor de volatilidad del peso frente al dólar, dado que la infraestructura activa de una red se compra en dólares. Sin embargo, considero que ALTÁN ha considerado estos riesgos dentro de su plan de negocios", agregó.
Sandra Rodríguez, directora general del portal Jentel.mx, indicó que otro de los desafíos es que el consorcio ganador no tiene garantía del alcance de la oferta de servicios que pretende ofrecer.
"No está garantizado que ganen usuarios en las áreas de cobertura que buscan cubrir, puesto que las grandes áreas de mayor consumo ya están servidas. El reto será diversificar los servicios y empaquetarlos para que puedan resultar atractivos y competitivos", subrayó.
Por su parte Gonzalo Rojón, analista de The Competitive Intelligence Unit (CIU), indicó que otro de los desafíos será la justificación de la alta inversión que deberá desembolsar el consorcio.
"La cuestión es si el volumen de mercado, que no está garantizado, va a justificar toda la inversión que se está haciendo en el proyecto, que está pensando también en que se generen servicios como operadores móviles virtuales, que son servicios que en ningún mercado, salvo Holanda, alcanzan participaciones mayores al 5 por ciento", dijo el experto.
Rivada, un ‘pero’ que nubla
El consorcio descalificado del concurso alista la suspensión de los efectos del fallo de la licitación, un plan que a la espera de ser aceptado por un juez, podría empañar el proceso, mientras un tribunal colegiado resuelve en materia administrativa el amparo contra haber sido sacado del concurso por incumplir el pago de la garantía de seriedad.
En ese sentido, Rojón estimó que podría haber implicaciones negativas para ALTÁN si algún juzgado admite la solicitud de Rivada, pues en su opinión pondría en riesgo el proceso, lo que incluso podría implicar que se caiga el proyecto.
Eugenio Galdón, representante de ALTÁN, señaló que el consorcio Rivada está en su derecho de ejercer todos los amparos, aunque puntualizó que la ley es clara y debe ser igual para todos, pues 'no se fabrica a la medida de las necesidades de nadie'.
Por su parte Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, aseveró que la dependencia valora emprender acciones legales contra el consorcio Rivada, quien acusó a la Secretaría de adjudicar directamente el proyecto a ALTÁN.
En tanto se definen las acciones legales que emprenderá cada una de las partes, los daños al consorcio ganador se vislumbran como un posible escenario, afectaciones que tendrían que ser cubiertas por Rivada, y de acuerdo con Agustín Ramírez, abogado especializado en telecomunicaciones del despacho Ouraboros, no existe garantía de que lo haga.
En su opinión, si se llega a entablar un juicio, la duración dependerá de la complejidad de las acusaciones. Sin embargo, precisó que los tribunales no tienen plazos fatales para resolver, pues las etapas más importantes son la de instrucción y la del desahogo de pruebas.
"Dependería mucho de cuál sea el planteamiento, pero podría llevarse un mínimo de 6 meses y un máximo de año y medio. Retrasar la firma de contrato en esos lapsos significaría la muerte del proyecto al menos en esta administración", afirmó el experto.
