Especialistas del sector telecomunicaciones ven riesgos de que el Congreso de la Unión emita una ley secundaria de la reforma en telecomunicaciones que vaya en contra del interés público, después de que se inicie la deliberación en torno al documento que enviará el Ejecutivo federal.
El aplazamiento en la emisión de las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones, que debieron quedar listas en diciembre de 2013, así como la petición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para dar más tiempo a que el regulador emita sus respectivas declaraciones de preponderancia, representan un mal precedente, dijo Irene Levy, presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones (Observatel).
Consideró que existen riesgos de una contrarreforma al decreto constitucional de junio de 2013, lo cual afectará los objetivos iniciales de la reforma, que se basaban en la reducción de los precios a los consumidores mediante una competencia más agresiva entre los operadores.
"Se ha creado una cortina de humo entre las empresas del sector, pero no se debe perder de vista el objetivo de la reforma", agregó.
Lo importante es lo que se va a discutir en el Congreso, lo que se va a incorporar en la ley secundaria, que es el tema de acabar con las concentraciones y beneficiar a los usuarios, argumentó la experta.
Consideró que la reforma constitucional establece "comodines, figuras que no son tan claras jurídicamente, que le va a permitir al legislador tener un margen de maniobra para moverse de un lado a otro".
A decir de Levy, hay riesgo de que esos comodines sean intercambiadas por preceptos, figuras e instituciones jurídicas a modo de los poderes fácticos de empresas como América Móvil o Televisa.
En contraparte, Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), descartó los riesgos de que se elabore una contrarreforma por parte del Legislativo.
"Cualquier cosa de la ley (secundaria) que vaya en contra de la Constitución es inconstitucional y se podrá tirar en los tribunales", consideró.
A decir del directivo, entre los temas que deben ser analizados con mayor énfasis son la eliminación de las barreras a la competencia en redes cableadas, la liberación del espectro para que se licite a la industria, el control y las medidas asimétricas que se impongan a los agentes económicos preponderantes, así como el sustento jurídica que permitirá la entrada de dos nuevas cadenas de televisión abierta.
"El tema del must offer y must carry es secundario porque no tiene ningún impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto", aseguró.
Soria consideró importante consultar a la industria antes de que se legisle debido a que los legisladores pueden tener en sus manos temas que demande mayor conocimiento técnico.
En días recientes, María Elena Estavillo, comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), comentó que el Legislativo debe encontrar la forma de instrumentar la reforma que se promulgó en junio de 2013 y detallar procedimientos en torno a las obligaciones del Instituto.
"Lo que esperamos es que las leyes secundarias den más certidumbre sobre los lineamientos constitucionales, que contemplen procedimientos claros, etapas, plazos de resolución, esto nos ayudaría mucho en nuestro funcionamiento cotidiano", dijo Estavillo.