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La negociación de las modificaciones a los contratos colectivos de trabajo de pilotos y sobrecargos de Aeroméxico se ha complicado, pues la empresa insiste en convertirse en una aerolínea de bajo costo para 'adelgazar' su carga laboral, lo que ha provocado desacuerdos entre la compañía y sus trabajadores.
La aerolínea debió haber concluido el último día del 2020 los cambios a los contratos con pilotos y sobrecargos, sin embargo, los desacuerdos con los colaboradores han obligado a la empresa a echar mano del periodo de siete días de gracia para cumplir con los cambios laborales comprometidos con Apollo, el fondo de inversión que inyectó mil millones de dólares.
Lo anterior significa que la aerolínea tiene hasta el jueves para lograr un acuerdo.
Si después del periodo de gracia, Aeroméxico no logra concretar acuerdos con pilotos y sobrecargos, la aerolínea puede solicitar una prórroga, previo acuerdo con Apollo. La prórroga implicaría, a su vez, un costo financiero adicional con el fondo de inversión.
Si la prórroga no se consigue, Aeroméxico tendría que pagar los recursos ya inyectados por el fondo de inversión y estaría en riesgo su viabilidad, ya que no lograría completar su plan de reestructura.
De no concretarse los cambios después de ese periodo de gracia, el fondo de inversión pasará a ser parte de los acreedores y la capitalización se vendría abajo, además de que, en el caso de los pilotos, se emplazaría a una huelga.
Una fuente involucrada en las negociaciones dijo a El Financiero que la obtención de un nuevo acuerdo de ahorro salarial para los capitales, el tercero durante el proceso de bancarrota, se ha complicado porque Aeroméxico intenta imponer contratos laborales demasiado agresivos.
"Lo que obstaculizó más fue la imposición de contratos que desde un principio eran agresivos y el tema de los bonos a lo largo del Capítulo 11 (de la Ley de bancarrota de EU, a la que se acogió Aeroméxico para reestructurarse)", detalló la fuente.
La firma dirigida por Andrés Conesa autorizó que se entregaran bonos por más de 3.6 millones de dólares a directivos de alto y medio rango, mientras que a los trabajadores se le pedía que aceptaran ajustes salariales.