La cantante Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué firmaron este jueves en un juzgado de Barcelona el acuerdo que permitirá a la artista poder establecerse con sus hijos, Milan y Sasha, en Miami, Estados Unidos.
El convenio se alcanzó después de meses de negociaciones entre los equipos de abogados de ambos tras su separación, anunciada esta primavera. Shakira y Piqué llegaron por separado al juzgado y acompañados de los respectivos letrados.
¿Qué dijeron los abogados de la expareja?
Tras suscribir el arreglo, el representante legal de Piqué, Ramon Tamborero, explicó a la prensa que “los dos están más tranquilos, más relajados” y han pensado “en el bien de sus hijos”.
El trámite de la firma transcurrió de forma “correcta, como no se esperaba de otra manera, delante del juzgado, y a partir de ahora a esperar la sentencia una vez que el fiscal apruebe el convenio”, destacó Tamborero.
El abogado desmintió algunas informaciones que aseguraban que el acuerdo impedía a Piqué establecer su residencia en Miami o que no podrían verse con los niños acompañados de sus futuras parejas. Por su parte, ni la abogada de Shakira ni la intérprete de ‘Monotonía’ quisieron dar declaraciones.
Hace unas semanas, la expareja reveló en un comunicado que habían firmado “un acuerdo que garantiza el bienestar” de sus hijos y que estaba pendiente de ratificarse ante el juzgado “como parte de un trámite meramente formal”.
Fuentes del entorno de la cantante explicaron que la artista prevé mudarse a Miami con sus hijos a principios del próximo año desde Barcelona, ciudad donde nacieron, han vivido los últimos ocho años y están escolarizados. La colombiana tiene desde hace años una residencia en Miami y es donde su familia materna lleva viviendo los últimos años.
Shakira aún tiene pendiente su juicio por evasión fiscal
Más allá de la separación y la custodia de los niños, Shakira tiene pendiente una causa penal en España por varios delitos fiscales contra la hacienda pública después de que fuera acusada de defraudarlos por 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014.
La Fiscalía pide para ella ocho años y dos meses de prisión y una multa de más de 23 millones de euros (cerca de 24 millones de dólares). Mientras tanto, la artista asegura que ha sufrido de una “campaña mediática” con el único objetivo de “forzarla” para que “a pesar de su inocencia, se declare culpable y llegue a una conformidad con las acusaciones”.