El 19 de septiembre fueron liberados Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez, dos miembros de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y miembros de la Junta de Buen Gobierno (JBG), quienes habían sido reportados como secuestrados el 11 de septiembre del presente año.
Mediante un comunicado, indicaron que los integrantes fueron privados de su libertad, despojados de un radio de comunicación y de seis mil pesos en efectivo que pertenecen a la Junta de Buen Gobierno. Su liberación se dio gracias a la intervención de párrocos de San Cristóbal de las Casas y de Oxchuc, organizaciones defensoras de los derechos humanos y a las movilizaciones y denuncias que en México y, sobre todo, en Europa, se realizaron.
Mencionaron que el delito de secuestro está penado por las leyes del mal gobierno y por las leyes zapatistas. Así mismo, que el EZLN aguardó con paciencia hasta agotar los canales posibles para la solución, pero al no ver respuesta por parte del Gobierno de Chiapas, procedieron a tomar las medidas necesarias para liberar a los secuestrados y detener y sancionar a los responsables del crimen.
Señalaron que el Gobierno chiapaneco trató de sabotear la salida de la delegación zapatista que participa en la ‘Travesía por la vida- capítulo Europa’, ordenando a sus paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) el secuestro de sus compañeros, dejando impune el crimen, y tratando de provocar una reacción del EZLN.
En el texto también señalaron que el “desgobierno de Rutilio Escandón está haciendo todo lo posible porque se desestabilice al suroriental estado chiapaneco”:
Reprime con lujo de violencia a las y los normalistas rurales. Sabotea los acuerdos tomados entre el magisterio democrático y el Gobierno federal, orillando a los maestros a movilizarse radicalmente para que se cumplan dichos acuerdos. Sus alianzas con el narcotráfico provocan que las comunidades originarias se vean obligadas a formar grupos de autodefensa, porque el Gobierno nada hace para preservar la vida, libertad y bienes de los pobladores.
El Gobierno de Chiapas no sólo solapa a las bandas de narcotraficantes, también alienta, promueve y financia a grupos paramilitares como los que atacan continuamente comunidades en Aldama y Santa Martha. Lleva adelante una política de vacunación propositivamente lenta y desordenada que está provocando inconformidades entre la población rural y que no tardará mucho en explotar. Mientras tanto, sube el número de muertes por COVID en las comunidades sin que se tomen en cuenta. Sus funcionarios están robando todo lo que pueden del presupuesto estatal, tal vez preparándose para un colapso del Gobierno federal o apostando por un cambio de partido en el poder”.
Finalmente, hicieron un llamado para que este viernes 24 de septiembre, se manifieste la Europa de abajo y la izquierda; y la Sexta Nacional e Internacional, frente a embajadas y consulados de México, y casas de gobierno del estado de Chiapas, para exigir que se dejen de provocaciones y abandonen el culto a la muerte que profesan”.