CHIHUAHUA.- Desde las secretarías de Hacienda y de la Función Pública estatales, exfuncionarios del gobierno de Javier Corral alteraron y falsificaron documentos para fabricar las pruebas con las cuales se acusó de desvío de recursos públicos al exgobernador César Duarte, denunció Juan Carlos Mendoza, representante legal del priista.
Al dar a conocer que por estos hechos presentó una querella ante la Fiscalía General del Estado (FGE), señaló que con estas “pruebas” se imputó al exmandatario el delito de peculado por 96.6 millones de pesos (causa penal 3041/201), que es el mismo por el cual la juez Lauren F. Louis del Estado de Florida, consideró en noviembre del año pasado que existe la viabilidad para extraditarlo a México.
De ordenar el Poder Judicial de Chihuahua el inicio de las investigaciones por este caso en contra de los exfuncionarios, la acusación contra Duarte, quien se encuentra detenido en una prisión de Miami, podría quedar sin efecto una vez que sea extraditado, afirmó el abogado.
La denuncia fue interpuesta contra el hoy exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Velez; la exdirectora Jurídica, Abril Portillo de la Fuente y otros funcionarios y exfuncionarios de la dependencia. Incluye al hoy magistrado Daniel Gregorio Morales Luévano, quien colaboró en dicha falta en su calidad de funcionario de la Secretaría de la Función Pública.
Mendoza dijo que la acusación es por la probable comisión de los delitos de simulación de pruebas y falsedad ante las autoridades.
Según el abogado, Fuentes Vélez y Morales Luévano instruyeron a la entonces directora jurídica de la Secretaría de Hacienda, Abril Portillo, a que “corrigiera” varios oficios que previamente se enviaron a la Función Pública.
La intención era simular que no existía información en relación con convenios celebrados entre las secretarías de Hacienda y de Desarrollo Rural, con dos asociaciones ganaderas.
Según el litigante, la intención de los hoy exfuncionarios era “evidenciar” que los recursos que fueron dispersados a ambas asociaciones no se ejercieron conforme a lo establecido, por lo que nunca se utilizaron para los fines a los que fueron destinados y así, incriminar directamente a Duarte como autor y ejecutor del desvío de dichos 96.6 mdp.
La probable participación en estos delitos por parte del ahora magistrado, generaron un proceso administrativo que también le fue impuesto a Duarte en agosto del año pasado, del cual fue notificado en la ciudad de Miami a finales de noviembre pasado.
“Este procedimiento que pudiera tener sanción económica hasta por 193 millones de pesos, está fundado también no sólo en la simulación de pruebas y falsedad ante autoridades, sino que al igual que la Causa Penal por la que el Gobierno del Estado pretende extraer de Estados Unidos al licenciado Duarte, también está claramente sustentado en aberrantes violaciones al Debido Proceso y a los Derechos Humanos”, subrayó.
Indicó que por participar en la probable simulación de pruebas y falsedad ante las autoridades, Morales Luévano podría recusado para que no lleve a cabo el ejercicio de su magistratura en contra de las denuncias que él mismo presentó.