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Giran otras 20 órdenes de aprehensión por la violencia en El Corregidora

En total se han emitido 59 órdenes, de las cuales ya se cumplimentaron 39.

El encuentro del 10 de abril en el estadio Corregidora, entre los equipos Tigres y Gallos Blancos, fue a puerta cerrada y con vigilancia policial en los alrededores. (Cuartoscuro)

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González informó que se emitieron otras 20 órdenes de aprehensión por los hechos ocurridos el pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora, durante el partido de Gallos Blancos contra Atlas.

El mandatario estatal detalló que, con las nuevas órdenes de aprehensión giradas, ya son en total 59.

Los mandatos judiciales son contra quienes participaron en la riña entre seguidores de los equipos de futbol Atlas y Querétaro.

El Gobernador precisó que de 59 órdenes de aprehensión instrumentadas, ya se cumplimentaron 39 de ellas.

El mandatario declaró que la Fiscalía de Querétaro ha pedido información a su similar de Jalisco, sobre 19 personas involucradas en estos hechos, sin embargo, no hay detenidos en aquella entidad.

Hasta el momento, y además de los policías y elementos de seguridad que fueron juzgados por omisión, se habían detenido a un total 25 presuntos culpables de los hechos violentos.

De ellos, a algunos se les acusó de tentativa de homicidio, pero en su mayoría fueron imputados por violencia en espectáculos públicos.

Asimismo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro (DDHQ), informó que emitió una recomendación a tres dependencias por los hechos violentos ocurridos el 5 de marzo en el Estadio Corregidora, donde hubo violaciones a los derechos humanos y omisiones para salvaguardar la integridad de las personas que asistieron al evento deportivo.

Las recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro (DDHQ), fue para la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y las Secretarías de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) y Seguridad Ciudadana estatal (SSC).

“Se transgredieron los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica por la indebida prestación del servicio público, la falta de debida diligencia en la función de seguridad pública y las omisiones en relación con las actuaciones de empresas de seguridad privada”, dijo el presidente del organismo, Javier Rascado.

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