Morelos.- La jueza de distrito Martha Eugenia Magaña López falló a favor de la empresa Promotora Ambiental (PASA), dedicada a la recolección de basura, para que el Ayuntamiento de Cuernavaca le pague en un lapso de 48 horas 37 millones de pesos, deuda que le heredó la anterior administración.
Si no se realiza el pago en este tiempo, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, junto con su cabildo, podrían ser destituidos.
Ante esto, Urióstegui Salgado admitió que su administración atraviesa por una grave crisis financiera, pues, aparte de la deuda, la empresa embargó vehículos del municipio, patrullas y, además, tendrá que devolver la concesión para prestar el servicio de recolección, tratamiento y disposición final de la basura.
“No nos afecta perder el cargo, nos afecta que la Ciudad padezca una contingencia de insalubridad, de mala imagen, por tener montones de basura como ya lo vivimos”, expresó Urióstegui en conferencia de prensa.
El edil responsabilizó a la jueza de que se origine una crisis de basura, que significa el observar toneladas de residuos sólidos en las calles, como ya ocurrió en 2006, porque no se cuenta con certeza de que dicha empresa reinicie el servicio en 48 horas.
No obstante, advirtió que si PASA no cumple con este ordenamiento como actualmente lo realiza la otra recolectora KS Ambiental, el Ayuntamiento de Cuernavaca empleará los procedimientos necesarios para evitar que la ciudadanía se quede sin este servicio.
Por ello, exhortó a los habitantes a no sacar la basura en estos días, a mantenerla en sus hogares hasta que la recolección se regularice, como se había llevado a cabo en los últimos años.
“Hacemos el llamado respetuoso a la población no sacar la basura a la vía pública a partir del jueves 21 de abril, a fin de evitar una mayor contingencia sanitaria en la ciudad; ya la empresa KS ambiental y Tridesa, que hasta hoy estaban a cargo del servicio, tienen conocimiento de esta disposición y están a la espera de que se pueda volver a considerar sus servicios en caso de que PASA no cumpla”, acotó.
Urióstegui Salgado advirtió que ya solicitó a la contraloría municipal que se hagan las investigaciones correspondientes a las administraciones anteriores, para verificar qué exfuncionarios realizaron malos manejos, pues el pago millonario que debe hacerse representa un impacto severo al municipio.
Además, presentaron una queja en el Consejo de la Judicatura Federal en contra de la Juez Quinto de Distrito, Martha Eugenia Magaña López, por su actuación y excesos a favor de PASA al no tomar en cuenta las condiciones financieras por las que atraviesa el ayuntamiento.
A PASA se le autorizó la concesión del servicio desde el 2006, por un periodo de 20 años, en ese entonces el presidente municipal era el panista Adrián Rivera, pero en 2010 por decisión propia de esta empresa suspende el servicio al municipio, por lo que se inicia un juicio ordinario civil, del cual se emitió una sentencia en 2015, entonces se le condenó al ayuntamiento a un cumplimiento forzoso del título de concesión.
Sin embargo, el incumplimiento de pasadas administraciones derivó en un juicio en 2020, que empezó a surtir efectos en abril de 2021, con el entonces presidente municipal, el morenista Francisco Antonio Villalobos Adán y se fue alargando hasta este día.