REYNOSA, Tam.- Luego de siete años y medio presa en una cárcel de Reynosa, Juana Alonso Santizo, migrante Chuj de Guatemala, acusada de un delito que no cometió, quedó en libertad.
Alrededor de las 8:30 de la noche del sábado, dejó el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedés) de Reynosa, acompañada del Cónsul General de Guatemala, Mario René González Bolaños, para regresar a su país y reunirse con su familia.
El Fiscal General del Estado, Irving Barrios Mojica, firmó una petición de incidente de libertad y solicitar al Juez del Proceso, audiencia para que se deje en libertad y pueda retornar a su país de origen.
Además, pidió a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, acelerar las investigaciones por cuanto a las posibles conductas que pudieran constituir irregularidades y deslindar responsabilidades.
Ya en enero de este año, el Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a través de una carta abierta dirigida al Juez Penal de Primera Instancia, Andrés Escamilla, el Fiscal del Estado Irving Barrios, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y el embajador de México en Guatemala, Romeo Ruiz, exigieron la liberación inmediata de Juana Alonzo, reparación del daño y no repetición por las violaciones a los derechos humanos de las que ha sido víctima.
De la búsqueda del sueño americano a la pesadilla en Reynosa
La mujer guatemalteca fue detenida el 10 de noviembre de 2014, por agentes de la Unidad especializada en la investigación y persecución del secuestro de la entonces Procuraduría de Tamaulipas, sin mostrarle orden de detención u otra decisión de una autoridad pública.
Juana Alonzo salió de su natal Guatemala en agosto de 2014, buscando llegar a Estados Unidos a donde se dirigía para reunirse con familiares en busca de mejores oportunidades de vida.
Sin embargo, el pollero que llevó la secuestró en una casa de la colonia Villa Diamante en Reynosa. Junto a otra mujer migrante y su hija de seis años, fue forzada a trabajar para sus captores.
Fue la otra mujer quien llamó a la policía para denunciar el secuestro, pero al llegar los agentes, presuntamente la habrían forzada para inculpar a Alonzo Santizo de su secuestro.
Fue llevada a las oficinas de la entonces Procuraduría, donde permaneció una semana, tiempo en que fue golpeada en los interrogatorios y los oficiales le apuntaron con una pistola mientras la amenazaban de muerte.
Sin saber hablar español, fue ingresada al centro penitenciario de Reynosa el 18 de noviembre de 2014, donde estuvo bajo prisión preventiva, sin una sentencia en su contra y sin acceso a un traductor, por lo que no se enteró de qué la acusaban.
Pese a denunciar la tortura a que fue sometida, nunca ha sido investigada ni se le brindó la oportunidad de contar con asistencia consular, mientras que los abogados de oficio que le asignaron, tampoco hicieron algo por ella.
Existe una queja interpuesta ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tamaulipas, por las violaciones en la detención y el proceso judicial, pero tampoco hay recomendaciones de dicho ente sobre el caso.
El representante adjunto del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jesús Peña, llegó en marzo de este mismo año al penal de Reynosa, con las defensoras públicas del Instituto Federal de Defensoría Pública, quienes asumieron la defensa de Juana Alonzo.
El 8 de septiembre del 2021, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, en la decisión 35/2021, concluyó que la prisión preventiva de Juanita era arbitraria, por lo que la reparación adecuada del daño consistía en la libertad inmediata.
Además, se vulneraron sus derechos a la igualdad y no discriminación, a un juicio justo e imparcial, así como la adecuada defensa y debido proceso, agregando que tampoco se le proporcionó oportunamente, un traductor o intérprete en Chuj, su lengua natal.
El Grupo de Trabajo señaló que el gobierno estatal, no ha desvirtuado los señalamientos de que juanita y otra mujer migrante, cuyo testimonio fue utilizado para incriminarla, fueron víctimas de tortura y malos tratos, por lo que pide se esclarezca esto.
Indicaron que Juana Alonzo es víctima de políticas migratorias regionales que empujan a los migrantes a rutas clandestinas, lo cual les expone a enormes riesgos y les aleja de redes de protección. “Es fundamental adoptar alternativas de regularización migratoria respetuosa de los derechos humanos”, se señala en las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.
La Fiscalía de Tamaulipas informó que inició una revisión pormenorizada del expediente de Juanita, celebrando reuniones tanto con sus defensores, autoridades de Guatemala, organizaciones defensoras de Derechos Humanos y familiares con la finalidad de determinar si existieron violaciones a sus derechos humanos durante el proceso legal que por más de siete años ha sostenido.