Efectivos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional (GN) realizaron una “ceremonia” en el interior del 15 Regimiento de Caballería Motorizada para anunciar que entrarán a la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala, donde desde el 25 de mayo cientos de familias se desplazaron por el asedio de los cárteles de la droga.
Los uniformados hicieron un despliegue de fuerza en el interior del patio de la instalación militar ubicada a 113 kilómetros de las comunidades de Frontera Comalapa, cuyos habitantes se encuentran ahora en situación de desplazamiento forzado.
Ahí, anunciaron que patrullarán la zona donde, desde julio de 2021, se disputan los cárteles Jalisco Nueva generación y Sinaloa, y donde los ataques entre estos grupos se recrudecieron en días recientes, obligando a la población a participar en uno u otro bando.
”Vamos a desplegarnos en la región que ahora está bajo control de ellos”, dijo uno de los militares que llegaron a la instalación.
Se espera que salga un convoy militar hacia la cabecera municipal de Frontera Comalapa, y de ahí a las comunidades que permanecen desplazadas.
Los grupos del crimen organizado han dejado una estela de desapariciones, personas víctimas de reclutamiento forzado, y han obligado a la población a participar en bloqueos carreteros.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos explicaron que la población lleva ya dos años sometida a los grupos criminales sin que las fuerzas armadas intervengan de forma efectiva, aun cuando tiene destacamentos en la región.
”La aquiescencia del Estado a través de instituciones castrense se identifica en los territorios donde se están suscitando estos hechos”, acusó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
Exigen medidas para garantizar la vida de los habitantes de la región
En la localidad de El Jocote existe un destacamento del Ejército Mexicano, en el tramo carretero Paso Hondo – Frontera Comalapa está uno más de la Guardia Nacional, y en el municipio de Chicomuselo está el cuartel más grande del Ejército mexicano en Chiapas; frente a estos lugares ubicados en la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala, durante los últimos cinco días, integrantes de los cárteles de la droga han transitado a bordo de camionetas artilladas, en el marco de los enfrentamientos que sostienen grupos rivales que han dejado un saldo de reclutamiento forzado de hombres y el asesinato de habitantes de la zona.
Lo anterior ha sido denunciado por la población atrapada en las localidades afectadas, por lo que organizaciones defensoras de derechos humanos, la Sección 40 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), habitantes de barrios, ejidos, autoridades comunitarias y pueblos de la región, exigieron al gobierno mexicano aplique medidas para garantizar la vida, la seguridad e integridad física, psicológica y emocional de las y los habitantes de los municipios de Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Chicomuselo y La Trinitaria.
Acceder a la zona donde desde el 25 de marzo grupos rivales del crimen organizado mantienen enfrentamientos por el control de la zona -algunos pobladores refieren que desde el 22- ha sido imposible, porque convoyes de personas armadas a bordo de camionetas y vehículos artillados que ellos mismos llaman “mounstros”, recorren la región.
Un número indeterminado de pobladores han abandonado sus hogares porque en el marco de la disputa entre cárteles han secuestrado a hombres de las localidades para obligarlos a participar en los enfrentamientos; tampoco hay certeza de a cuántas personas han asesinadas en estos días, aunque testimonios refieren que hay varios jóvenes y mujeres en esa situación.
Disputa por el control de esta zona
Lo que sucede en el ejido Sinaloa es solo la punta del iceberg de la situación que viven los municipios ubicados en la frontera entre Chiapas y Guatemala, donde desde mediados de 2021 del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se enfrentaron por el control de esta zona.
La expresión más violenta de esta guerra entre cárteles es el reclutamiento forzado y el secuestro y desaparición de personas. Para este reportaje se hizo un recuento del número de personas que siguen desaparecidas en la región, de 2022 a la fecha hay 63 casos, y de estos en 59 los familiares hicieron las denuncias penales, según las fichas de búsqueda de la Fiscalía de Justicia.
De acuerdo a los datos de esta dependencia, en el municipio de Comitán hay 20 personas desaparecidas, en La Trinitaria 13, en Amatenango de la Frontera 5, en Chicomuselo una, y en Frontera Comalapa 24.
El nivel de violencia aumenta
Además de las 59 denuncias por desaparición forzada relacionada con la presencia de grupos del crimen organizado, la Fiscalía de Chiapas tiene al menos una docena más por homicidios cometidos en los caminos que comunican las comunidades de la zona fronteriza y por enfrentamientos que afectan a la población.
El nivel de violencia ha ido creciendo. En enero de 2022, a través de redes sociales, la misma población empezó a advertir de la presencia de retenes y asesinatos cometidos por grupos de personas que portan uniformes tipo militar y portan armas de grueso calibre, particularmente en la carretera que comunica Frontera Comalapa con la Trinitaria,
“Es mucho el riesgo por las constantes balaceras y retenes que ponen los grupos armados (…) no pasen por la noche ni muy de mañana porque hay levantones y asesinatos que nadie investiga. Tanto en Comalapa como en La Trinitaria, no hay Guardia Nacional ni militares, mucho menos autoridad municipal que pueda cuidar nuestra seguridad”, señalan alertas que coloca la población de la zona.
Incluso, el 15 de enero de este año habitantes de Frontera Comalapa publicaron un video donde supuestos pobladores vinculados a uno de los cárteles, desalojan del municipio una base de la Guardia Nacional ubicada en San Gregorio Chamic, y corren a los uniformados e hirieron a uno.
La población de la zona se ha ido armado de valor para denunciar los hechos, incluso los habitantes del ejido Nueva Libertad se manifestaron en la capital de Chiapas en marzo pasado, para denunciar la situación que están viviendo.
Antes, en abril de 2022, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) suspendió el proceso electoral extraordinario que se iba a celebrar en Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra, por la “falta de condiciones de seguridad”.
Es decir, desde hace al menos dos años las fiscalías de Justicia estatal y federal tienen en su poder denuncias penales que le permitirían solicitar al Poder Judicial acciones a los cuerpos de seguridad del Estado, para proteger a la población.
Esto no ha sucedido y desde este mes la violencia en la zona detonó con mayor estruendo cuando integrantes de los dos cárteles se volvieron a confrontar a su paso se llevaron de manera forzada a al menos una decena de jóvenes a los que, según sus familiares, los están obligando a participar en su disputa, lo que también ha provocado que familias estén tratando de huir en medio de los disparos.