Las autoridades federales mexicanas y el gobierno de Estados Unidos participan con sus investigaciones en el caso de los establecimientos call center fuera de norma en Jalisco.
En uno de esos lugares trabajaban los ocho jóvenes trabajadores que fueron desaparecidos y cuyos cuerpos fueron hallados en la colonia Mirador Escondido de Zapopan.
El tema ha resultado más grave conforme transcurre la investigación sobre los ocho jóvenes, y el gobernador del estado, Enrique Alfaro, fue quien pidió la intervención “al existir la posibilidad de que en este caso haya delitos del ámbito federal, particularmente en el tema fiscal”.
El gobernador dijo que, con base a los datos y pruebas recabadas en la investigación y revisión de los inmuebles, estos lugares eran “un centro de operaciones de otra naturaleza”.
Los centros de operaciones no contaban con ninguna medida regulatoria municipal, dijo el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade.
“No contaban con ningún permiso para operar, por lo que trabajaban desde la clandestinidad, por eso necesitamos la queja ciudadana. Cuando damos permiso, hay una verificación en la que visitan la zona, y de ahí se hace el tema de ordenamiento territorial, tenemos un proceso para hacer esto, pero si se ponen en la clandestinidad es muy difícil...”.
Las investigaciones sobre call centers clandestinos en Jalisco
En tanto, el Gobierno de Estados Unidos ya tenía los focos de alerta en esta forma de diversificación de actividades de la delincuencia organizada desde 2014, cuando se detectó la operación de empresas que perpetraron fraudes con estancias vacacionales de tiempos compartidos, teniendo como blanco a extranjeros, y se responsabiliza desde entonces al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los desfalcos más recurrentes en ese momento consistieron en el cobro de anticipos sin concluir los trámites de adjudicación de los clientes.
A finales de ese año, un trabajador de uno de esos call center, asentado en una finca de la colonia Colinas de San Javier, de Guadalajara, fue secuestrado luego que presuntamente se negara seguir estafando personas.
En octubre del año siguiente, 19 trabajadores de otro call center fueron detenidos en un hotel de Guadalajara en atención a denuncias de defraudación y extorsiones. En ese momento los jóvenes empleados argumentaron estar trabajando bajo amenazas de sus jefes.
Después, a principios de 2016, la Fiscalía de Jalisco desmanteló otros dos call center que operaban desde dos fincas, una en la colonia Moderna de Guadalajara, y otra en Loma Dorada de Tonalá.
El Departamento del Tesoro emitió, a mediados del pasado mes de marzo, una alerta sobre la existencia de ocho empresas, cinco de estas, asentadas entre Puerto Vallarta y Guadalajara, además de la comisión de fraudes por personas ligadas al CJNG, y otros delitos como el lavado de dinero.
El órgano gubernamental estadounidense también difundió un listado de 19 empresas con activos congelados por el gobierno estadounidense que recibían los recursos de las estafas y realizaban defraudación fiscal.
Entre estos centros de operaciones se destacaron dos agencias de viajes, y empresas de bienes raíces y de construcción.
El gobierno de Estados Unidos señala desde entonces a líderes del Cártel Jalisco radicados en Puerto Vallarta como los dirigentes de esta red y citó a los empresarios Brayan Moisés Luquin Rodríguez, Eduardo Pardo Espino y Horacio Edmundo Lelo de Larrea Ventimilla, como operadores.
Otros empresarios mexicanos que ha señalado el Gobierno estadounidense son: Ian Jasiel González Villegas, Luis Lorenzo Gómez Arias, Clemente Padilla Zárate y Pedro Rivas Sánchez.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, (Office of Foreign Assets Control), refiere que durante 2022 las afectaciones ascendieron a más de 39.6 millones de dólares en detrimento de al menos 600 ciudadanos estadounidenses, estadísticas avaladas por el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI.
Las indagatorias revelan que el dinero de esta diversificación delictiva tributa a las cabezas del CJNG, es el caso de Julio César Montero Pinzón ‘El Tarjetas’; Carlos Andrés Rivera Varela ‘La Firma’; y Francisco Javier Gudiño Haro ‘La Gallina’, quienes también están fichados por el gobierno de Estados Unidos.
Las pesquisas del gobierno mexicano establecen que la primera parte del trabajo fraudulento lo hacían los ejecutivos del call center que se responsabilizaban de las transacciones de los tiempos compartidos de cadenas hoteleras a clientes estadounidenses, cuyos nombres estaban en listas preestablecidas, la misión era para convencerlos de que compraran, o en su defecto, que los vendieran.
Después otros empleados hacían función de cerradores: quienes concretaban la compra o venta de esos tiempos compartidos.
Las estadísticas del gobierno de Estados Unidos, refieren que solo en 2022 se registraron más de 600 víctimas, la mayoría de ellas personas de la tercera edad.