El gobernador Samuel García no responderá a la petición que le hizo el Congreso de Nuevo León para aclarar los términos de su solicitud de licencia para competir por la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano.
En su lugar, García recurrirá al Instituto Nacional Electoral (INE) para que le definan sus derechos político electorales y sea el ‘arbitro electoral’ el que avale su solicitud de licencia.
En el documento, el gobernador pide a los consejeros del INE que su consulta “se tramite con carácter de URGENTE, dado que Movimiento Ciudadano inicia su proceso para elegir candidato a presidente, y en el Congreso Local se niegan a sesionar nuevamente mi solicitud de licencia”.
En la carta también acusa de estar en “incertidumbre sobre cuestiones inherentes a mi derecho de ser votado con todas las calidades y condiciones que establece la Constitución y la Ley, por lo que recurro a ustedes para que desahoguen mi consulta lo más pronto posible”.
¿Por qué el Congreso de Nuevo León pidió una aclaración a Samuel García?
El conflicto surge porque en la solicitud de licencia que presentó, García hace referencia al artículo 121 de la Constitución Política de Nuevo León que indica que el secretario general de Gobierno es quien se quedará al frente del Ejecutivo durante la ausencia del gobernador.
El ‘pero’ es que ese artículo menciona que esto aplica solo cuando el gobernador pide una licencia de 30 días.
En cambio, el artículo 122 refiere que le corresponde al Congreso definir al gobernador interino cuando el Ejecutivo se ausente por más de 30 días, el cual aplica tomando en cuenta que García pidió una licencia por seis meses.
Por ello, la Comisión de Gobernación del Congreso exigió a Samuel García una nota aclaratoria en la que definiera de manera precisa el periodo de su ausencia así como la fecha en la iniciaría su licencia.
Movimiento Ciudadano se queja en el Congreso
Este miércoles, diputados locales de Movimiento Ciudadano avalaron la postura del gobernador y acusaron de nuevo a la mayoría conformada por el PRI y el PAN de implementar estrategias dilatorias.
Esta no es la primera ocasión que el Ejecutivo estatal busca evadir al Congreso con respecto a su intención de abandonar el cargo, ya que recientemente recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial para obtener la licencia.
Sin embargo, el 18 de octubre su solicitud fue declarada improcedente dado que no existía una solicitud previa en el Congreso y por tanto tampoco un rechazo.
Los magistrados señalaron que las pruebas aportadas por el mandatario no son suficientes para configurar una “acción declarativa”, cuya finalidad es dar certeza jurídica a una persona ante una situación jurídica indefinida.