La triangulación y desviación de recursos públicos destinados para el desarrollo de empresas y el fortalecimiento de la planta laboral, redirigidos para la contratación de medios de comunicación por parte del gobierno del estado de Morelos, fue detectada y denunciada por la asociación civil Morelos Rinde Cuentas.
A través de diversas solicitudes de información pública se demostró la ocupación del fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (Fifopedi), cuyo “objeto principal es otorgar Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial, a las Inversiones Estratégicas y a los Programas de Fomento, establecidos en la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento”, para realizar gastos de Comunicación Social.
Roberto Salinas, representante legal de la asociación civil, tiene documentado el “esquema de triangulación” con recursos públicos para favorecer a medios de comunicación. Una sola empresa recibió el monto de ocho millones 200 mil pesos bajo el proyecto denominado Desarrollo y Ejecución de la Estrategia de Difusión en Medios Digitales y Tradicionales de las Campañas Negocios Morelos.
Como un ejemplo explicó que a través de Publi Mor, S.A. de C.V. se “distribuyeron” recursos a Editoriales de Morelos, S.A. de C.V., y a Editores y Publicaciones de los Estados, S.A. de C.V. cuyos accionistas y representante legal son los mismos; “están disfrazando el gasto en comunicación social en apoyo a la inversión”.
La cifra contrasta con las aportaciones del Fondo de otros años. En mayo de 2022, Janeth Hernández Serrano, directora general de Fifodepi, informó sobre la aprobación de un monto total de tres millones 844 mil 905 pesos distribuidos en 89 empresas; con ello dijo se logró conservar 273 empleos, de las cuales 40 estaban encabezadas por mujeres y 49 por hombres, ubicadas en 14 municipios del estado.
Resalta también que las empresas Inmobiliaria Matoja, Ingeniería en Alimentos y El Dulce Sabor de la Vida, propiedad de familiares de uno de los integrantes del Comité Técnico del Fifopedi, Juan Diego Pons Díaz de León, obtuvieron apoyos por más de 400 mil pesos. Este Comité evalúa, analiza y aprueba los proyectos para la asignación de los recursos.
El gasto en materia de Comunicación Social ha sido motivo de debate desde el arranque de la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo; la distribución de este presupuesto depende de la Oficina de la Gubernatura, creada precisamente en 2018 para que fuera encabezada por el otrora representante legal del exjugador profesional, José Manuel Sanz Rivera, involucrado por la Unidad de Inteligencia Financiera en un tema de triangulación de depósitos en una supuesta estrategia de lavado de dinero internacional.
Ante su renuncia fue nombrada Mónica Boggio Tomazas Merino y en la dirección de Comunucación Social fue ratificado Alexander Ismael Pisa Metcalfe; arribó a la Coordinación de Asesores, Víctor Aureliano Mercado Salgado, hoy precandidato al Senado de la República por la 4T.
Para el Presupuesto de 2023, el Congreso del Estado puso un alto al gasto de Comunicación Social al reducir el monto a 50 millones de pesos anuales y retirar la denominada “cláusula de libre transferencia” que permitía al titular del Ejecutivo direccionar los dineros públicos sin necesidad de aprobación del Poder Legislativo. De acuerdo con Morelos Rinde Cuentas el gasto en este rubro registrado entre 2019 y 2022 alcanzó los 713 millones de pesos a pesar de que el monto aprobado era de 424 millones.
De acuerdo con la consulta en el portal oficial, las más recientes reformas a las Reglas de Operación del Fideicomiso se realizaron en febrero de este año.