Robespierre Lizárraga Otero, encargado del despacho de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), llegó a Palacio Nacional para solicitar, por tercera ocasión, la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante una nueva intentona del Congreso de Sinaloa de reforma la Ley Orgánica de esa casa de estudios.
En entrevista con medios de comunicación, explicó que existe una resolución judicial que impide al congreso reformar a la UAS sin consulta previa a las y los estudiantes y maestros, la cual no se está acatando.
“El motivo de venir aquí a Palacio Nacional es para entregar un documento al Presidente de la República, ya que el Congreso local de Sinaloa está iniciando actos legislativos al margen de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, y obviamente una resolución judicial que tenemos que les impide modificar la Ley Orgánica de la Universidad.
Este proceso legislativo tiene dos candados para poderse iniciar; uno que sea algo genuinamente emergido de la Universidad, es decir, debe de haber una consulta, y segundo debe de haber un posicionamiento del órgano máximo de gobierno, pues bien, en su afán por modificar la Ley Orgánica del Congreso de la Universidad ellos están iniciando este proceso al margen de la autonomía universitaria”, declaró.
Lizárraga Otero recordó que, en 2023, el congreso local reformó la Ley Estatal de Educación Superior a fin de autofacultarse para poder reformar a la UAS, sin embargo, detalló existe otra sentencia de amparo que está por causar estado y que invalida la reforma al considerar que se violó la autonomía universitaria.
El encargado de despacho de las UAS puntualizó que además de las resoluciones judiciales, el propio Presidente de la República, la Secretaría de Gobernación, y el gobernador del estado, han solicitado al congreso el respeto a la autonomía universitaria.
“Ellos ya se van el 30 de septiembre, les quedan menos de 25 días y hay una desesperación de reformar antes de irse, entonces han iniciado ya actos legislativos al margen de lo que establece la ley y la propia sentencia de amparo.
Nosotros hemos sido atendidos por Presidencia ya en dos ocasiones, han habido dos mesas de con la Secretaría de Gobernación, una el 12 de marzo y otra el 16 de julio, se han concretado acuerdos con el titular del ejecutivo local que se han cumplido por parte por él, pero en este caso el Poder Legislativo local es el que el que de alguna manera sigue pretendiendo violentar nuestra autonomía”, indicó.
Robespierre Lizárraga adelantó que su llegada a Palacio Nacional es para solicitar una vez más, la intervención Presidencial, a fin de evitar manifestaciones e incluso paro de labores.
“Nosotros no queremos salir a las calles, queremos los estudiantes en las aulas, queremos el diálogo, incluso ya está con la próxima legislatura, pero lo que más queremos es que dejen funcionar a la universidad, que estos ataques se detengan porque si siguen los estudiantes saldrán a las calles.
Justo ahora la universidad está estable y funciona ordinaria y de forma normal, no queremos huelgas ni paros, estamos funcionando, hay clases, entrenamientos deportivos y actividades culturales, pero hay una persecución política contra algunos funcionarios universitarios, entonces no permitiremos este afán del Congreso para desestabilizar la institución y violentar su autonomía”, concluyó.