Con 26 votos a favor, Morena y aliados en el Congreso, aprobaron la reforma judicial en Tamaulipas, convirtiéndose en la primer entidad del país que llevará a elección a la totalidad de jueces, juezas y magistrados.
El debate, que duró una hora y media, no fue suficiente para detener la reforma que renovará el Poder Judicial en el estado el domingo 1 de junio del 2025, de manera simultánea con las elecciones federales.
El diputado Isidro Vargas Fernández, dijo que la reforma se nutrió de los resultados de la consulta pública, en el que se incorporaron propuestas de especialistas, instituciones educativas y la ciudadanía, tras un diálogo que permitió realizar ajustes clave al proyecto.
Se contemplan cambios, como la creación de dos nuevos órganos que sustituirán al Consejo de la Judicatura: el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de investigar y sancionar faltas en el desempeño de juezas, jueces, magistradas y magistrados; y el Órgano de Administración Judicial, que gestionará las operaciones internas del Poder Judicial.
En el proceso de análisis, dijo que se garantizó la protección de los derechos laborales de los trabajadores judiciales y se establecieron lineamientos claros para que la transición al nuevo modelo orgánico no afecte sus condiciones ni estabilidad.
Entre las modificaciones derivadas de los foros destaca que la remoción de jueces será exclusiva del Tribunal de Disciplina Judicial, eliminando esta facultad del Congreso, además, se realizaron ajustes para armonizar la reforma con la Constitución Federal y se integraron jueces en proceso de ratificación en la elección de 2024-2025.
La priista Mercedes del Carmen Guillén Vicente quien dijo que el Poder Judicial por su naturaleza debe ser imparcial, “requiere de autonomía e independencia y no debe ser expuesto a la corrupción de la política”. Y dijo a Morena, PT y Partido Verde que “esgrimir como argumento que la mayoría del pueblo les dio el derecho de cambiar todo, es absolutamente falso”, apuntando que la impartición de la justicia, solo es un eslabón más de lo que debiera reformarse.
“Elegir a los jueces, politizará el Poder Judicial y será incapaz de controlar el abuso del poder, o como dijo alguien, es como permitir a los aficionados al fútbol, elegir a los árbitros”.
La panista María del Rosario González Flores señaló que la reforma amenaza con socavar los principios de la justicia e independencia institucional, ya que si bien en el discurso se busca fortalecer el sistema de justicia, combatir el nepotismo y la rendición de cuentas, “en la realidad, solo se está abriendo la puerta a influencias políticas en la elección de jueces y pone en riesgo la imparcialidad del sistema judicial".
Señaló que con la reforma, solo se crearán jueces de consigna política, dependientes y sumisos, “como lo ha sido la recién nombradaRosario Ibarra como la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pese a las denuncias contra ella”.
La legisladora de Movimiento Ciudadano, Mayra Benavides Villafranca, aseguró que la elección de jueces y magistrados, “prioriza la popularidad sobre la capacidad técnica, comprometiendo gravemente la imparcialidad”.
La diputada emecista dijo, “que Dios nos libre de atravesar un problema, una situación penal, o nuestros familiares, que sea juzgado por un juez, cuyos jefes no sean el pueblo real, ¿qué vamos a hacer cuando nos juzgue alguien que ha sido puesto por el narco?”.
Ismael García Cabeza de Vaca, señaló que el dictamen, lejos de fortalecer la justicia, busca someterla a intereses poíticos y dijo que someter al voto popular la elección de jueces y magistrados, “es una simple fachada de democracia”, asegurando que con el dictamen se pone en peligro la certeza judicial y la cofianza ciudadana.
“Este intento de control, no solo atenta contra la independencia judicial sino que amenaza el estado de derecho, es evidente que no busca independencia, sino sumisión, arrodillar al Poder Judicial”.
Isidro Vargas contestó que es evidente que el panista tiene un interés personal en la elección del Poder Judicial, recordándole que muchos de los magistrados nombrados en la pasada administración, no contaban con los perfiles.
Úrsula Salazar Mojica recordó que el Juez Séptimo de Distrito en Reynosa, Juan Fernando Alvarado López, quien otorgó varios amparos a él y su hermano, el ex gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, fue suspendido por múltiples denuncias.
Gerardo Peña Flores lamentó que el argumento de los morenistas y sus aliados, “sea la descalificación personal de los presentes y de los que ya no están”, refiriéndose al ex gobernador. Y cuestionó: ¿díganme cómo van a controlar, una vez pasando por el Comité de Selección, que esas personas, ninguna de las que van a participar, pueda tener o recibir financiamiento de los generadores de violencia?”.
De nueva cuenta, Isidro Vargas respondió que en 60 días se tendrán las leyes secundarias, reglamentarias, “no podemos poner todas las reglas y lineamientos en la Constitución, porque así lo prevé el sistema jurídico”.
Eliphalet Gómez Lozano, le dijo a su par panista, Ismael García, “no estamos hablando de un personaje, estamos hablando de un ejemplo muy claro que todos los tamaulipecos vieron en un sexenio pasado”, asegurando que el Poder Judicial está plagado de nepotismo.
Claudio Alberto De Leija Hinojosa, de Morena, apuntó que con la reforma se busca dignificar la administración de justicia y democracia en el país y en Tamaulipas, ante la persistencia en la corrupción y desafíos estructurales.