La fiscalía de Jalisco contradice su política de apoyo a familiares de personas desaparecidas, y se niega la entrega de los restos de un joven de 22 años que lleva más de un año de haber sido identificado en el Servicio Médico Forense (Semefo), acusan familiares.
El 15 de mayo del 2019, Miguel Ángel, junto con cuatro personas más, fue privado de su libertad en el municipio de Tlaquepaque. Su cabeza y otros miembros se extrajeron de una fosa clandestina en Santa Anita, sin embargo, los agentes ministeriales niegan su entrega bajo argumento de que el cadáver está incompleto.
El fundador de la asociación Da vida a San Pedro Tlaquepaque, David Hernández, expuso que él ha acompañado a la madre del muchacho y ha dado cuenta cómo las autoridades ministeriales solo han puesto obstáculos y trabas administrativas.
"En el Semefo nos decían que como el cuerpo no está completo no se puede entregar. Al final sacaron todos los cuerpos de la fosa de Santa Anita y el cuerpo de Miguel Ángel no quedó completo. Hablamos con el agente de ministerio público, y le pedíamos que pudieran agilizar el tema", dijo David Hernández
"La realidad es que lo que nosotros vemos es que Eva es víctima de la delincuencia, porque le levantan a su hijo y ahora está siendo víctima de la falta de atención del gobierno a estos temas; si hubiera algún indicio de que se estuviese investigando, de que están realmente buscando las otras partes otra cosa sería, pero esa fosa, ese trámite ya se cerró. Prácticamente para Semefo ese tema está terminado", explicó.
Por su parte, Eva Ochoa Hernández, madre del joven sordomudo, ruega por que le entreguen los restos de su hijo a fin de poderle dar una sepultura digna. "Ya va a cumplir dos años que no está completo mi hijo, y la verdad yo quiero ya sepultarlo. Yo quiero descansar, mi madre murió de tristeza, y yo ya quiero enterrar a mi hijo, que me den lo que tengan de mi niño, porque ya quiero descansar".
Miguel Ángel trabajaba de mesero en un puesto de tacos cuando sujetos armados lo privaron de la libertad junto al dueño del establecimiento, su hija y otro hijo, además de una mujer originaria de Tijuana Baja California. Cabe señalar que el cadáver mutilado de esta última sí fue entregado a sus familiares y llevado al norte del país.
"Fueron cinco personas a las que se llevaron, tres hombres y dos mujeres, y solo han encontrado a dos, a una mujer y a mi niño. Mi hijo no tenía ningún vicio, estaba en escuela especial. Cuando encontré a mi niño, encontré su pura cabeza, pero yo ya lo quiero sepultar, ya van para dos años".
Tan solo en lo que va del año se han extraído los restos de 55 personas de puntos de inhumación clandestina en el estado de Jalisco, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHEJ) emitió una recomendación en la que se refiere a la falta de coordinación, negligencia y a la falta de seguimiento a los protocolos legales por parte de las autoridades jaliscienses, en particular de la Fiscalía para Desaparecidos y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) este último es responsable del Servicio Médico Forense, y la morgue metropolitana, debido a la desaparición de 31 personas.
La recomendación documentó la deficiente actuación de las autoridades en el proceso de investigación del delito, la nula o pocas acciones de búsqueda efectiva en el aseguramiento de 31 personas desaparecidas, además de la victimización secundaria, intimidación y amenazas que han sufrido sus familiares, mismos que interpusieron queja ante esta defensoría.
En total se investigaron 26 quejas recibidas en el segundo semestre de 2019 y en el primer bimestre de 2020, correspondientes a tres mujeres y 28 hombres, de quienes solo cuatro han sido localizados, aunque sin vida, y tienen como común denominador la inconformidad de los familiares de las víctimas en contra de representantes del Ministerio Público y sus agentes y policías investigadores, así como del personal del IJCF, pues denuncian diversas irregularidades que han impedido localizar a los desaparecidos.
Jalisco, especialmente a partir de los últimos 11 años, ha estado siempre en los primeros lugares del país en cantidad de personas desaparecidas.
El informe revela que tan solo en 2020, cada una de las 26 agencias atendió en promedio 378 casos sobre desapariciones, pero en ninguno los policías a cargo de las pesquisas elaboraron un plan de investigación, y hubo dilaciones al integrar la carpeta de investigación, al realizar la averiguación previa y en la búsqueda de la personas desaparecidas.
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