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VICTORIA, Tam.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca acusó de una embestida política con fines electorales, lo declarado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, ante la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados.
En un mensaje a través de sus redes sociales, el mandatario estatal detalló en seis puntos, la información expuesta por el titular de la UIF, la que dijo, además violó su derecho a la presunción de inocencia.
Luego de la primera audiencia realizada de manera remota en internet, en la que se recibieron los testimonios del procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, y del titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, el gobernante tamaulipeco, explicó en seis puntos lo expuesto.
"Primero, la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República, se basa, exclusivamente en la compra-venta de un departamento, que fue reportada con toda puntualidad en mis declaraciones patrimoniales y fiscales".
Lamentó que se expusiera durante la sesión, información que no guarda vinculación alguna con el caso, "peor aún, que además incluyera datos y conjeturas, notoriamente falsas".
Como segundo punto, García Cabeza de Vaca, recordó que el mismo titular de la UIF, reconoció que no mantiene vínculos con el crimen organizado, "aceptó que no tuvo elementos, para sustentar el supuesto robo de armas que mencionó en su intervención".
El mandatario estatal, quien escuchó las declaraciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, destacó que, durante el transcurso de dicha audiencia, se comprobó que esa imputación, provino de una página de internet.
"Y no de una fuente o agencia de seguridad de carácter internacional, como afirmó en su intervención inicial", señalando que quedó, más que claro, "que no hay pruebas en las denuncias y en el expediente de todas esas fantasiosas imputaciones".
El gobernador García Cabeza de Vaca, aclaró que ninguna de las casas que mostró Nieto Castillo en su presentación de la presunta investigación realizada por la Unidad, es de su propiedad.
En un tercer punto, refirió lo que el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez Álvarez, señaló al iniciar la intervención de Nieto Castillo, respecto a que sólo se tomaría la información relacionada con la solicitud de desafuero realizada por la Fiscalía General de la República (FGR).
"Como bien señaló el presidente de la Sección Instructora, y pido que así se resuelva en términos de Ley, sus integrantes deben desechar todas las especulaciones vertidas por el Doctor Nieto Castillo, por ser evidentemente ilegales".
Además que dijo, "no están relacionadas con la materia de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la República (FGR)", luego que la solicitud es sobre un tema diferentes.
En el cuarto punto, el jefe del Ejecutivo estatal rechazó la violación al Debido Proceso, realizada por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, al revelar ese tipo de información, de la que dijo, falta a la verdad.
"Rechazo la violación hecha por el titular de la UIF al Debido Proceso de mi defensa, con la difusión pública de datos que faltan a la verdad, así como el manejo arbitrario de mi caso, en comparación con el de otras líneas de trabajo de la UIF".
Es preocupante, señaló que con ello se hace una "flagrante violación a los compromisos internacionales en materia de colaboración y acción financiera, especialmente la prohibición a que este tipo de unidades se abroguen facultades de autoridad investigadora".
Como quinto punto expuesto, indicó que la presentación que hizo Santiago Nieto ante la Comisión Instructora se trató de una embestida política con fines electoreros.
"Extralimitándose de sus atribuciones, demuestra de nueva cuenta, que todo esto se trata de una embestida política con fines electorales, de un linchamiento mediático, para distraer la atención de los graves problemas que hoy en día se tienen en nuestro país".
Como sexto punto, señaló la realización de una audiencia pública para resolver una solicitud, vulnerando principios como la presunción de inocencia y la privacidad, además de los derechos humanos.
"La realización de esta audiencia pública, vulneró los derechos humanos a la presunción de inocencia y a la privacidad, debido a que se formularon especulaciones sin sustento y se difundió información imprecisa y descontextualizada sobre mi patrimonio y el de terceros. Me seguiré defendiendo ante esta arbitrariedad".
Con esta audiencia se dio inicio al periodo de pruebas que durará 30 días, por lo que se citó a ambas partes, quienes podrán exponer lo que a derecho convenga, como parte acusadora.
Al finalizar los 30 días, la Comisión Instructora realizará el análisis de las pruebas presentadas, con las que elaborará un proyecto de la solicitud de la declaratoria de procedencia, mismo que será enviado a la mesa directiva del Poder Legislativo, derivando en la convocatoria al órgano de procedencia.
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