La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una investigación para ubicar y detener a un grupo de personas que vende una presunta vacuna que inmuniza a la gente contra el contagio del COVID-19 en diversas comunidades del municipio de Tlapa de Comonfort.
El alcalde de ese municipio ubicado en la región de la montaña, Dionisio Merced Pichardo, así como habitantes de varias comunidades, alertaron a las autoridades sobre el grupo de personas foráneas que recorren las colonias, rancherías y poblaciones ofreciendo la presunta vacuna a un costo de entre mil 500 y dos mil pesos.
Ante ello, el gobierno del estado a través de la Fiscalía en coordinación con la Secretaría de Salud iniciaron las investigaciones correspondientes para impedir la comercialización del supuesto medicamento del cual se desconoce tanto su origen como la composición del mismo.
Mediante las denuncias realizadas a través de medios de comunicación y redes sociales, la Fiscalía tomó conocimiento para iniciar la investigación contra quienes ofrecen esa vacuna falsa, la cual no está autorizada por las autoridades de salud.
De acuerdo con las autoridades, quiénes promueven este presunto medicamento estarían incurriendo en actividades ilícitas enmarcadas dentro del Código Penal Federal y Estatal debido a que las únicas instancias para aplicar tratamientos médicos son las del sector Salud de los tres ordenes de gobierno.
Se dio a conocer que tanto la Fiscalía como la Secretaría de Salud estatal mantienen estrecha coordinación a través de la Policía Ministerial y la jurisdicción sanitaria en la Región de la Montaña para ubicar a quienes de manera irresponsable pretenden engañar a la población, ya que no existe aún la vacuna contra el COVID-19 avalada por la comunidad internacional de la salud.
Las autoridades exhortaron a la población a seguir las recomendaciones médicas, tanto del sector federal como del estatal, únicas instancias avaladas para informar en temas relacionados con la salud pública.
La Fiscalía y la Secretaría de Salud estatal mantendrán el trabajo coordinado para evitar que los ciudadanos de la entidad sean víctimas de algún tipo de delito durante la contingencia sanitaria.