El presidente municipal de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, y su subsecretario de Protección Civil, Gonzalo Alberto 'N' fueron vinculados a proceso por el juez de control, después de declararlos presuntos responsables por el delito de cohecho en agravio de un empresario de un autocinema después de exigirle 200 mil pesos para permitirle operar.
Sin embargo, a pesar de que el delito no amerita prisión preventiva, el edil logró obtener de una autoridad federal, una suspensión para evitar que el juez, Eddie Sandoval Lomé, impusiera la medida cautelar de separación del cargo que solicitó la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y tampoco podrá comunicarla por lo que dio de plazo tres meses, para el cierre de la misma.
Durante la audiencia de vinculación, en los juzgados de Atlacholoaya, el juez desestimó los datos de prueba que los defensores de ambos funcionarios presentaron para evitar que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción continuara el proceso, en los que se apoyó de funcionarios del ayuntamiento, un perito en informática, videos y audios.
El juzgador encontró diversas incongruencias en las declaraciones de los testigos del edil, su actual secretario del Ayuntamiento, Erick Santiago Romero Benítez, y el consejero Jurídico del Ayuntamiento, José Alfredo Martínez Hernández, así como también en las conversaciones de chats de WhatsApp, mismas que en un momento lejos de ayudar a Villalobos Adán y a Gonzalo Alberto 'N', "los comprometió más", expresó el juez.
Y es que a pesar de haber presentado videos en un disco compacto (CD), conversaciones de un chat, estas no habían sido intervenidas por órdenes de un juez federal como lo marca la ley lo que las invalidó.
Además de que las declaraciones de sus testigos demostraron que el alcalde, sí se encontraba en el Ayuntamiento de Cuernavaca el día en que se presume exigió la cantidad mencionada a la víctima Cristhian Isaías 'N' y, al no pagarlos le clausuró el negocio, de hecho la defensa intentó controvertir esta versión con una coartada, al ofrecer un post de la cuenta oficial de Twitter del alcalde 'Lobito', la cual a pesar de que se le realizó un peritaje, no funcionó.
Y, había asuntos "ilógicos" consideró el juez, como es que el secretario del ayuntamiento, Erick Santiago recordara la hora en que el alcalde entró al baño, el día que se presume le solicitó al empresario Cristhian Isaias 'N' en la sede de la comuna capitalina.
Además, el juez dijo que las autoridades del Ayuntamiento no siguieron lo que señala el Bando de Policía y Buen Gobierno de Cuernavaca, para realizar la clausura del negocio hecho que al cumplimentarse lo calificó fuera de legalidad, porque tuvo que pasar por acuerdo de cabildo y no fue así, además de que antes de comunicarlo a los medios debió informarle esta decisión a los dueños del establecimiento.
Incluso el pasado 21 de julio, el presidente municipal dio una conferencia a medios de comunicación dando a conocer que clausuraría el establecimiento, solo cuatro días después de presuntamente pedirle a los empresarios "reportarse" con él.
El juez Sandoval Lomé evidenció el poco conocimiento del sistema de los defensores, pues tuvieron la oportunidad de debatir los "dichos" entre el alcalde y las víctimas, estas últimas estuvieron ahí presentes y no usaron dicha oportunidad para esclarecer "los chismes".
Hechos que el juez calificó como reprobables pues refirió que la administración municipal debe ser facilitador para que la gente salga adelante y no ser un obstáculo al momento de que una persona inicia un negocio y, por la vía legal, busca cumplir con los requisitos que marca la normatividad municipal.
Con base en los datos relacionados con la causa penal JC/874/2020, presuntamente, el pasado 17 de julio de 2020, dos hermanos empresarios, propietarios de un predio ubicado en calle Río Lerma de Vista Hermosa, dónde tenían un negocio de autocinema denominado Autoexplanada Cuernavaca, se encontraron al edil y este les dio a entender que tenían que darle dinero para poder seguir operando su negocio.
Sin embargo en este contexto, se reveló que por presuntas instrucciones del edil los inspectores del municipio, solicitaban desde 100 hasta 200 pesos a los establecimientos, incluso a modestos ciudadanos que venden de manera ambulante en carretillas.
Por último, el subsecretario de Protección Civil, quien acudió a la audiencia ya con uniforme de interno del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya y esposado, se determinó que continuará con la medida cautelar; pero Villalobos Adán podrá volver a la sede oficial del Ayuntamiento, ya que la suspensión que le otorgó el juez federal también le quitó esa medida cautelar impuesta en la audiencia del pasado 27 de noviembre.