Este mes, después de que una corte federal fue incendiada en un suburbio problemático de Buenos Aires, se descubrió un mensaje siniestro formado por letras recortadas de un periódico amenazando al gobernador provincial. El mensaje decía "Ándate con cuidado". Debajo se encontraba una sola palabra: "drogas".
Miles de kilómetros al sur de México — un país asediado por la violencia provocada por los cárteles de drogas — han surgido crecientes tensiones en Argentina, a raíz de una declaración del presidente Mauricio Macri a principios de año en la que anunció su intención de librar una "guerra" en contra del tráfico de drogas. Este mes Macri envió a la policía fronteriza armada a algunas de las áreas de mayor criminalidad en Buenos Aires.
La inseguridad ha reemplazado a la inflación como la principal preocupación en el país, gracias en parte al progreso de Macri en solucionar los problemas económicos que heredó de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las pandillas de narcotraficantes de Colombia y México han comenzado a usar a Argentina como un punto de tránsito para la exportación de más de 70 toneladas de cocaína al año a mercados en Europa y Asia.
Las tasas de homicidios, alimentadas por conflictos entre los mismos narcotraficantes, se han triplicado en la última década en las áreas de mayor conflicto, como la ciudad portuaria de Rosario.
Existe un creciente consenso de que la "guerra contra las drogas" ha fracasado — un ejemplo es la movida pionera de Uruguay para legalizar el cannabis — y muchos temen que Macri, un político de centro-derecha, está cortejando el peligro al adoptar una estrategia militarizada para solucionar un problema mayormente ignorado por su predecesora.
"Es irónico y trágico que Argentina no haya aprendido las lecciones resultantes de este debate regional e internacional y que ahora esté revirtiendo a las políticas militarizadas que han fallado", dice Coletta Youngers, una profesora becaria en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, a quien le preocupa que el nuevo gobierno en Perú tal vez esté cometiendo el mismo error.
Sin embargo, Eugenio Burzaco, el secretario de Seguridad de Argentina, repudia las acusaciones de que su gobierno está librando una guerra contra las drogas, lo cual según él es "un cliché de los años 1980" que "ya no tiene credibilidad".
Burzaco culpa al gobierno anterior por no detener a los narcotraficantes que influenciaron a la policía, los jueces y los políticos.
Aunque a veces es apropiado usar a las fuerzas militares en "actividades específicas" como derribar a un avión supuestamente involucrado en el tráfico de drogas — una política adoptada por Macri este año —Burzaco dice que está en contra de usarlas para resolver los conflictos urbanos.
"No ha funcionado en México", dice Burzaco, añadiendo que no es demasiado tarde para evitar que los cárteles asuman mayor control. "Debemos enfocarnos en todas los frentes, no sólo en la demanda y en la oferta de drogas. Requiere una solución integrada", dice, señalando la amplia iniciativa lanzada en agosto que obtuvo apoyo multipartidista.
Algunos argumentan a favor de un enfoque médico para abordar el problema de las drogas.
"No hay justicia para los pobres", dice Alicia Romero, quien dirige un grupo de madres que cuidan al creciente número de adictos al "paco" — una forma barata de cocaína que se fuma — que asolan las calles de Buenos Aires como "muertos vivientes".
Romero asevera que el Estado y la sociedad no están interesados en el sufrimiento de estos jóvenes, sólo en el ciclo de violencia creado por el narcotráfico.
Sin embargo, Juan Gabriel Tokatlian, un politólogo, dice que lo que está complicando la situación es "una crisis profunda en el sistema de justicia, lo cual ha creado un ambiente de impunidad y corrupción".
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