El 8 de noviembre de 2016, Narendra Modi, el primer ministro de India, anunció que los billetes de 500 y de 1,000 rupias (con un valor de aproximadamente 7.50 y 15 dólares, respectivamente) serían desmonetizados con efecto inmediato. Esta ley anuló el 86 por ciento del valor del efectivo en circulación. Además, los billetes cancelados tenían que ser depositados en los bancos antes del 30 de diciembre con restricciones en los retiros.
En su audacia, este paso dado por el líder democráticamente elegido de un país tan vasto hace que todo lo que el presidente estadounidense Donald Trump ha hecho hasta ahora parezca trivial. ¿Debiera considerarse una acción decisiva en la guerra de India contra la evasión fiscal, contra la economía negra y contra la corrupción generalizada? ¿O es un arbitrario acto dañino de un demócrata iliberal?
Actualmente, parece ser un poco de ambos. A largo plazo, depende de lo que suceda a continuación.
El hecho de que un país política y económicamente estable imponga repentinamente una desmonetización tan inesperada y radical no tiene precedentes. ¿Por qué cualquier gobierno elegido infligiría tal choque, particularmente debido a que la economía de India es tan dependiente de las transacciones en efectivo? Como país de ingresos medios-bajos, India todavía tiene un gran número de personas que están fuera del sistema financiero formal.
Además, India es también relativamente dependiente del efectivo, incluso para un país como ése: un cálculo indica que el efectivo sigue representando el 78 por ciento de los pagos de los consumidores
De acuerdo con la Encuesta Económica 2016-17 del Ministerio de Hacienda, el objetivo de la política era cuádruple: "Reducir la corrupción, reducir la falsificación, reducir el uso de billetes de alta denominación para las actividades terroristas y principalmente reducir la acumulación de 'dinero negro' generado por ingresos que no han sido declarados a las autoridades fiscales". Estas metas son populares entre muchos indios, quienes han tolerado la agitación con una sorprendente calma, esperanzados de que los ladrones obtendrían su merecido. Éstos son también objetivos razonables. Pocos negarían que India sufre de una corrupción y de una evasión fiscal a gran escala. Sin embargo, la acción pudiera también sembrar la desconfianza permanente acerca de las promesas del gobierno. La enfermedad puede ser maligna, pero la cura es costosa. ¿Cuán costosa pudiera ser y cuán beneficiosa?
Los costos a corto plazo son evidentes. Como lo señala lacónicamente la Encuesta Económica, estos costos han tomado la forma de "inconvenientes y dificultades", especialmente para aquellos en los "sectores informales e intensivos en efectivo de la economía". Dado que cientos de millones de indios son extremadamente pobres, esto no debe trivializarse.
Impulsando tales costos a corto plazo se encontraba una dramática disminución en la oferta de efectivo. Según la Encuesta Económica, en diciembre se había reducido en un 35 por ciento, en relación con la demanda. Pero también espera que se recupere tan pronto como en abril. Aunque el crecimiento de la moneda en circulación se derrumbó, el crecimiento de los depósitos a la vista, que en sí forman parte del proceso, lo compensó en gran medida. Como resultado, las tasas de interés también disminuyeron.
Al analizar los costos a corto plazo, el análisis enfatiza tres choques: a la demanda agregada, debido a la disminución del efectivo y a la pérdida permanente de riqueza por parte de quienes optaron por no declarar sus tenencias de efectivo; a la oferta agregada, debido al papel del efectivo como insumo en la producción (en la agricultura, por ejemplo), y a través de una mayor incertidumbre. En general, concluye la Encuesta, la desmonetización pudiera haber disminuido temporalmente el producto interno bruto (PIB), a través de su efecto en la oferta monetaria, por entre un cuarto y un medio punto porcentual en relación con un nivel de referencia de alrededor del 7 por ciento de crecimiento anual.
Sin embargo, incluso a corto plazo, también habrá beneficios. El análisis sugiere que hasta un 2 por ciento del PIB se mantuvo en billetes que reflejaban las actividades económicas negras. Parte de estas riquezas mal adquiridas habrán desaparecido y algunas habrán sido gravadas. Esto es así porque los tenedores tenían que declarar la riqueza no contabilizada y pagar impuestos penales, perderla o lavarla. En términos generales, la política permitió que el gobierno gravara el dinero negro — por lo menos como algo ocurrido una sola vez y posiblemente con carácter permanente — dados los mayores riesgos de retener el efectivo. En general, existe una transferencia de riqueza de los criminales al gobierno. Es difícil sentir lástima por estas víctimas.
Además, también debieran surgir significativos beneficios a largo plazo. El choque debiera, sobre todo, acelerar el movimiento del patrimonio líquido hacia el sistema financiero y, por lo tanto, aumentar la honestidad, la transparencia y la eficiencia en la economía.
A menudo es difícil trazar la línea divisoria entre líderes decisivos que toman decisiones impopulares en beneficio de su país y aquellos que toman decisiones arbitrarias en beneficio propio. Los historiadores pueden juzgar el choque de la desmonetización como ejemplo del primer caso.
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Financial Times