La disputa legal entre Argentina y un grupo de acreedores "holdout" está causando daños colaterales a un creciente número de víctimas atrapadas en el fuego cruzado. Una de los pocos ganadores de la lucha podría ser Cristina Fernández, la presidenta del país.
Mientras Argentina continúa desafiando las órdenes de las cortes estadounidenses que la obligan a pagarles a los acreedores holdout después del impago de deuda de 2001, sus ciudadanos están sufriendo las mayores consecuencias de una economía en dificultades. A los tenedores de bonos aún no se les ha pagado puesto que el gobierno incumplió nuevamente el año pasado.
Los intermediarios financieros a quienes un juez de Nueva York les impidió procesar pagos de los bonos argentinos reestructurados han caído en desgracia por la disputa.
Sin embargo, Fernández se prepara para atribuirse una victoria política cuando expire su mandato después de las elecciones presidenciales en octubre, al haber mantenido su promesa de no pagarles a lo que ella llama "fondos buitres" – encabezados por Elliott Management del multimillonario estadounidense Paul Singer – "ni un solo centavo más" que la cantidad aceptada por el 93 por ciento de los acreedores en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010.
"Es muy notable que podamos decir que Cristina ha ganado, teniendo en cuenta cuántas pérdidas ha sufrido Argentina en los tribunales", dice Tim Samples, profesor de estudios legales de la Universidad de Georgia, en referencia a los repetidos fracasos de Argentina para revertir un fallo en una corte de Nueva York que le ordena pagarles a los fondos de cobertura "holdout" en su totalidad. El problema, dice, es la extensión de los daños colaterales.
"¿Qué ha logrado realmente la justicia? Los mayores perdedores son las partes perjudicadas, los inocentes que han estado haciendo sus trabajos o que actúan de buena fe – los que son actores responsables en el sistema financiero". Entre éstos se incluyen los tenedores de bonos y los intermediarios financieros que participaron en las reestructuraciones de deuda de Argentina.
La semana pasada, el ministro de economía Axel Kicillof amenazó a Citibank con sanciones, lo que provocó temores de que se revocara su licencia bancaria local, después de que el banco estadounidense dijo que abandonaría su actividad como entidad depositaria en Argentina en un intento de cumplir con el fallo del juez Thomas Griesa que le impide efectuar pagos a los tenedores de la deuda reestructurada de Argentina antes de pagarles también a los acreedores holdout.
Fernández también ha capeado una profunda crisis política desencadenada por la misteriosa muerte en enero de un fiscal federal, Alberto Nisman. El jueves, un tribunal de apelaciones confirmó la decisión de un juez de desestimar las acusaciones de Nisman de que Fernández había ayudado a encubrir un supuesto papel de Irán en el peor atentado terrorista ocurrido en Argentina, en 1994.
"Tal vez (la presidenta) pueda dejar el cargo diciendo que no ha cedido ante los acreedores holdout, pero ¿acaso ha hecho algo para resolver la crisis financiera de Argentina? La respuesta es no", dice Richard Samp, asesor jurídico principal de la Fundación Legal de Washington. "Ella ha ganado la batalla política a expensas de convertir a Argentina en un paria en los mercados financieros internacionales".
De hecho, la incapacidad de Argentina para solicitar préstamos del extranjero es la mayor preocupación del gobierno conforme intenta recaudar fondos para paliar la creciente escasez de divisas, dice Alejo Costa, estratega jefe de Puente, un banco de inversión en Buenos Aires.
"Elliott está acorralando a Argentina cada vez más y no hay mucho que Argentina pueda hacer, salvo llegar a un acuerdo, lo cual esta administración no planea hacer", dice Costa.
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Financial Times