Las comparaciones entre Puerto Rico y Grecia pueden ser exageradas. La muy endeudada isla no amenaza con abandonar el dólar ni con separarse de Estados Unidos. En contraste con la cada vez más riesgosa membresía de Grecia en la eurozona y la UE, cualquiera de los casos es impensable.
Sin embargo, hay similitudes preocupantes. Se mire por donde se mire, la carga de Puerto Rico es insostenible. El impago de su próximo pago de intereses de 1.05 mil millones de dólares podría ocurrir el miércoles.
Además, la isla carece de un mecanismo claro para reprogramar sus deudas. Puesto que no es un estado, no puede declararse en bancarrota bajo el Capítulo 9 disponible para los 50 estados de EU.
Al igual que Grecia y la eurozona, Puerto Rico sólo representa una pequeña parte de la economía estadounidense: sus 72 mil millones de dólares de deuda son sólo una fracción de los 3.7 billones de dólares del mercado de deuda "muni" de EU. Sin embargo, sería el mayor moroso en la historia municipal estadounidense.
Esta semana el gobierno del presidente Barack Obama reiteró que no le ofrecería a Puerto Rico un rescate. Ésa es la postura correcta. Cuando Detroit se declaró en bancarrota en 2013, recibió consejos del gobierno federal, pero no recibió ningún alivio. El principio de Washington de evitar los rescates se ha mantenido durante décadas. Cualquier dilución sentaría un peligroso precedente para otras entidades locales estadounidenses muy endeudadas.
Pero Puerto Rico es una anomalía con un conjunto particularmente difícil de problemas. Se debe encontrar una solución rápidamente.
La economía de la isla es tan mala comparada con la del territorio continental de EU como la de Grecia comparada con la mayor parte de la eurozona. Sólo el 40 por ciento de sus 3.5 millones de habitantes forma parte de la fuerza laboral, en comparación con alrededor del 60 por ciento en el resto de EU. Hay más puertorriqueños en el territorio continental de EU que en la isla: su población se está reduciendo en alrededor de un 1 por ciento anual. Además, en virtud de la Ley Jones, está obligado a importar todos sus bienes en buques registrados en EU, una ley obsoleta que le impone costos de fletes altos a su economía.
Como dijo Anne Krueger, execonomista jefa del Fondo Monetario Internacional, en un informe el domingo, no hay alternativa a la reducción de la deuda a cambio de reformas significativas en el abultado sector público de Puerto Rico.
A la larga, Washington debería revisar la solicitud de la isla de asumir la plena condición de Estado. Dada la dificultad de crear un estado 51 – incluyendo reavivar la polémica sobre la igualmente anómala condición del Distrito de Columbia – se necesita una solución a corto plazo.
La más obvia es que el Congreso apruebe una ley que le permita a Puerto Rico entrar en negociaciones bajo el Capítulo 9. Los opositores dicen que cambiaría retroactivamente los términos bajo los que los tenedores de bonos le realizaron préstamos a Puerto Rico. Los acreedores de Grecia utilizan básicamente el mismo argumento. Sin embargo, las alternativas son mucho peores. Y un incumplimiento total podría elevar los costos del préstamo para las municipalidades en todo el territorio estadounidense.
Por lo tanto, el camino a seguir es claro. El Congreso debería permitirle a Puerto Rico emular lo que ha hecho Detroit – y lo que todavía evade Grecia. Se le debe permitir al territorio autónomo renegociar sus deudas a cambio de poner su situación fiscal en orden.
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