La situación de Venezuela fue de mal en peor la semana pasada, pues EU anunció sanciones financieras y el país latinoamericano sufrió un revés en su batalla legal con los acreedores. A la larga, estos eventos son un indicio de la reestructuración de deuda potencialmente más desastrosa de la historia.
La administración Trump les prohibió la semana pasada a las instituciones estadounidenses participar en cualquier nueva deuda o acciones emitidas por el gobierno venezolano o su compañía petrolera estatal, PDVSA. Los pagos de dividendos de Citgo, la división estadounidense de refinación de petróleo, también fueron bloqueados. El objetivo general es un embargo financiero del país latinoamericano para impedir que recaude más dinero en EU.
Mientras tanto, Venezuela sufrió una derrota en los tribunales estadounidenses, donde un juez dijo que la minera canadiense Crystallex podía confiscar el dinero venezolano depositado en una cuenta en el Bank of New York Mellon (BNYM) para cubrir una sentencia de 1.4 mil millones de dólares otorgada por un tribunal del Banco Mundial.
Además de todos estos contratiempos, una gran cámara de compensación estadounidense dijo esta semana que dejaría de liquidar algunos bonos venezolanos, y Cantor Fitzgerald ha dejado de cotizarlos en su totalidad, según los inversionistas.
A corto plazo, el impacto probablemente será mínimo. Dado el desorden de las finanzas venezolanas, el país ya está efectivamente excluido de los mercados internacionales de bonos. Y aunque Crystallex ganó una escaramuza legal, está lejos de ganar la guerra. No está claro cuánto dinero tiene Venezuela en el BNYM y todavía puede ser protegido por la inmunidad soberana. Como resultado, los bonos de Venezuela y de PDVSA se han cotizado en un rango de precios limitado.
Pero los últimos acontecimientos ponen de manifiesto que la reestructuración de la deuda venezolana — esperada por la mayoría de los inversionistas — probablemente se convierta en una de las más desastrosas y polémicas en la historia financiera.
Venezuela ha seguido pagando sus deudas debido a preocupaciones de que un impago podría estimular a los acreedores a apoderarse de los pagos por concepto de las exportaciones de petróleo de PDVSA. Eso cortaría la única línea de supervivencia financiera del país y profundizaría la crisis económica.
"Si caen en impago, estarán fuera del gobierno dentro de tres meses", dice Federico Kaune, jefe de deuda de mercados emergentes de UBS Asset Management. "Si no están en el gobierno, estarán en el exilio o en la cárcel".
Sin embargo, la demanda de Crystallex contra Venezuela subraya cómo los acreedores ya tienen algunas vías legales que explorar. Venezuela adeuda cerca de 100 mil millones de dólares y varios miles de millones más en varios pagarés a acreedores comerciales o compañías extranjeras cuyos activos locales han sido expropiados.
Además, las sanciones de EU representan un reto difícil si Venezuela reestructura sus deudas. En una quiebra soberana, los acreedores negocian algún tipo de alivio de deuda y cambian sus viejos bonos moratorios por nuevos menos valiosos.
Pero semejante intercambio de deuda podría violar las sanciones estadounidenses, impidiéndole a cualquier banco estadounidense organizar uno y a cualquier tenedor de bonos estadounidense subastar sus deudas. En la práctica, significaría el limbo indefinido para Venezuela hasta que EU decida levantar la prohibición.
La cuestión es si Venezuela puede evitar el impago. Ha logrado seguir pagando sus deudas por mucho más tiempo de lo esperado gracias a la liquidación de activos de la compañía petrolera, el saqueo de las ganancias de instituciones locales y la generosidad de China y Rusia.
Sin embargo, a China se le debe una cifra estimada de 20 mil millones de dólares y podría mostrarse cautelosa de arrojarle más dinero a una situación cada vez más inestable. Rusia ha estado más dispuesta, pero no puede financiar a Venezuela indefinidamente.
La primera prueba llegará este otoño, cuando Venezuela y PDVSA tengan que pagar cerca de 3.6 mil millones en reembolsos debidos. Kaune de UBS estima que si Venezuela supera este obstáculo, entonces podría quizás gestionar más fácilmente los planes de amortización de la deuda de 2018-2019. Pero si ocurre un impago, se podría desatar un pandemonio.