Puerto Rico se encamina a un impago potencialmente paralizante después de que el gobernador de la isla ordenó una moratoria del pago de la deuda por su autoridad financiera de facto.
Alejandro García Padilla, el gobernador, declaró una moratoria sobre las obligaciones del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que vencen el 1 de mayo, en lo que calificó como una "decisión dolorosa", mientras los políticos en Washington todavía están lejos de llegar a un acuerdo sobre un paquete de rescate.
Puerto Rico, que tiene 70 mil millones de dólares de deuda y un sistema de pensiones de 46 mil millones de dólares con una seria carencia de fondos, ha sufrido casi una década de declive económico, lo cual ha impulsado la migración de sus ciudadanos hacia el territorio continental estadounidense.
Los pagos atrasados por parte del BGF representarán el impago más importante en la crisis de Puerto Rico y pondrán en marcha el conteo regresivo de 60 días antes de que la isla enfrente 2 mil millones de dólares en pagos, incluyendo sobre su deuda principal.
Un impago de la deuda de obligación general, la cual los acreedores consideran sagrada, podría estremecer el mercado estadounidense de bonos municipales de 3.7 billones de dólares y aumentar los costos para las ciudades y estados estadounidenses que desean financiar proyectos públicos.
Las autoridades de San Juan han estado esperando el progreso de la legislación de emergencia que le daría a la isla la posibilidad de reestructurar su deuda bajo la supervisión de un organismo de control. Los territorios, incluyendo Puerto Rico, no tienen la capacidad de reestructurar la deuda como los pueblos y ciudades bajo los auspicios del Código de la Quiebra de EEUU.
Los políticos republicanos que están diseñando la ley de emergencia en Washington han enfrentado una intensa reacción al cabildeo, incluyendo anuncios de crítica que han descrito la legislación como un rescate.
"No queremos un rescate. No nos han ofrecido un rescate", dijo el Sr. García Padilla. "Un proceso de reestructuración no les costará nada a los contribuyentes estadounidenses".
El gobierno de Puerto Rico ya ha tomado medidas de emergencia para prevenir los efectos que podría provocar el hecho de que el BGF se declare insolvente, lo cual podría producir demandas adicionales y obstaculizar su acceso a sus cuentas de efectivo.
La noche del domingo el banco de desarrollo dijo que había negociado un "esquema" con los tenedores de 900 millones de dólares de su deuda que impediría algunas posibles demandas en el marco de un plan en el que los acreedores aceptan un "recorte" del 53 por ciento de sus participaciones.
El plan, que requiere la participación del 100 por ciento de los tenedores de bonos del BGF, probablemente fracasaría sin una legislación federal que comprometa a los llamados acreedores "holdout", señaló el banco.
Las cooperativas de crédito locales también acordaron prorrogar por un año el vencimiento, que ocurriría el domingo, de pagarés por valor de US$33 millones. El banco, el cual tenía pagos de intereses y de capital por US$389 millones que se vencían el lunes, planea pagar solamente los US$22 millones en intereses adeudados para el vencimiento en mayo.
Se espera que las agencias de calificación crediticia rebajen el BGF a la categoría de impago para la hora del cierre de actividades el lunes.
La autoridad financiera de facto podría ser puesta bajo administración judicial y disuelta si no logra alcanzar un acuerdo con los acreedores. Los analistas han advertido que su desaparición también podría afectar la capacidad del gobierno para funcionar y brindar servicios básicos en los próximos meses.
El impago previsto del BGF le ha sido claramente anunciado a los mercados; el gobernador ha advertido desde finales de 2015 que la isla probablemente no cumpliría los pagos de mayo.
En su lugar, la atención de los inversionistas se ha enfocado en los pagos del 1 de julio, los cuales incluyen bonos de obligación general garantizados por una promesa de la constitución de Puerto Rico.
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