Recientemente, se ha puesto sobre la mesa de discusión la intención de que algunos gobiernos estatales busquen romper con el convenio fiscal con la federación. Existe un debate serio y académico acerca de las ventajas y desventajas de hacerlo. La experiencia internacional es clara sobre los beneficios de una mayor autonomía en el cobro y gasto de los recursos.
El convenio fiscal se firmó hacia finales de los 70s otorgándole a la federación la facultad de cobro de la mayoría de los impuestos en el estado, sobre todo el IVA. En esa época de cada peso que recaudaba NL recibía alrededor de 40 centavos, hoy en día son 10 centavos. La idea de firmar el convenio fiscal era apoyar con recursos a los estados más pobres y menos productivos. Sin embargo, al cabo de cuatro décadas, los estados más pobres siguen siendo los más pobres y ahora reciben muchos más recursos que antes. Es decir, no están invirtiendo correctamente los recursos para combatir la pobreza y generar crecimiento económico o riqueza.
En el mismo periodo de tiempo Nuevo León avanzó y duplicó su PIB per cápita y redujo en casi 50% el índice de pobreza de la entidad. ¿La razón? La inversión productiva, es decir, en reinversión del acervo de capital, capital humano y procesos tecnológicos.
Sin embargo, la tasa de crecimiento del estado se ha ido mermando paulatinamente por la falta de inversión en infraestructura. Con una población similar a Madrid, Monterrey cuenta con solo tres líneas de metro por 14 del país europeo. Esta falta de movilidad genera pérdida de productividad por el tiempo perdido, el tráfico, contaminación, etc. Así, la tasa de crecimiento de la entidad cada vez es menor. Además, el estado debe negociar constantemente con la federación por más recursos y por ahora parece que no habrá inversión en infraestructura por lo menos en tres años más.
La experiencia internacional de mayor autonomía fiscal como es el caso de Suiza es un éxito. No solo existe autonomía fiscal a nivel de cantones (el equivalente a estados) sino a comunas (el equivalente a municipios).
Este nivel de recaudación y gasto tan directo a la población genera muchas externalidades positivas. Primero, porque la población sabe en dónde se está gastando su dinero y el impacto directo en su población. Segundo, porque los mismos cantones al poder decidir sobre la tasa impositiva compiten entre ellos para atraer inversión y ser más competitivos. Un ejemplo sería que en NL la tasa del ISR bajara a 15% lo que atraería mucho capital y generaría productividad comparativamente con los demás.
Hoy en día la mayor parte de la recaudación, el 80 por ciento, se va a la federación y desafortunadamente se pierde en proyectos con un barril sin fondo como lo es Pemex y sus refinerías, el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya. Si el gobierno federal usara sus propios recursos para tirarlos no tendría ningún problema, pero utiliza la recaudación de todos nosotros para financiarlos. Además, el impacto o beneficio, si es que lo hay, de estos proyectos no se observará en NL.
En Suiza, cada cantón paga una cuota anual a la federación que cubre el costo de la administración. Pero, tiene amplia autonomía en el cobro y manejos de sus recursos. Imagínense, ¿qué pasaría con el estado de NL si en vez de recibir 10 centavos de cada peso recibieron al menos la mitad? El impacto favorable sobre el PIB potencial y reducción de la pobreza sería notable. Por la actual falta de infraestructura, cualquier inversión marginal en la misma tendría un efecto multiplicador muy importante en la economía.
Además, con este exceso de recursos se podría contar con un sistema de salud y educación de excelencia que también contribuiría a continuar elevando el nivel de bienestar de la población. Por último, creo que la discusión de mayor autonomía fiscal es solo una de muchas más. Por ejemplo, la concentración del sector energético a nivel federal generará pérdidas de competitividad en la industria por mayores precios al consumidor. Sobre todo, considerando que el gobierno federal le apuesta al petróleo que ya es más costoso que las energías renovables. Una mayor autonomía energética blindaría a la economía e industria estatales de estos impactos adversos permitiendo que los privados compitan y generen sus propias energías.