Las recientes posiciones del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación (TEPJN) y del Instituto Nacional de Acceso de Información (INAI) desataron la furia en el presidente y su partido al grado de que amagaron con pasar cambios legales para subordinarlos a otros poderes, judicial en el caso del INE y ejecutivo en el del INAI. Antes ya, Morena ha adelantado proyectos de reforma para incorporar las funciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a las secretarías de economía y comunicaciones, es decir al poder ejecutivo.
Los proyectos buscan, dicen ellos, eliminar burocracia, evitar duplicidades y ahorrar recursos. Los motivos reales son otros, concentrar el poder en el ejecutivo, como sucedió en México hasta la década de los noventa. En aquellos tiempos, de los denominados de la rectoría del estado, el poder ejecutivo dominaba al legislativo, vía la mayoría del partido en el poder, y el presidente no tenía contrapesos en el poder judicial, al descaro de que en una ocasión un presidente envió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia como su representante en la toma de posesión de un país de América del Sur. El árbitro electoral era gobernación, no se perseguían prácticas monopólicas de oficio, no tenía sentido regular las telecomunicaciones, el gobierno se encargaba de ellas, entre otras cosas.
México progresó rápidamente en su diseño institucional desde entonces. En 1994 entró en operación el Tratado de Libre Comercio que aseguró un marco institucional clave para dar certidumbre a los intercambios con el exterior, a la inversión extranjera y la gobernanza del país, también el Banco de México obtuvo su autonomía ese año. A finales de los noventa el ejecutivo cedió su poder electoral a un árbitro ciudadano, lo que era el Instituto Federal Electoral (IFE). Posteriormente aparecieron organismos autónomos muy importantes como la COFECE, el INAI, el IFT, las comisiones reguladoras de energía al abrirse el sector energético y otros más.
En retrospectiva, es impresionante lo que avanzó México en su diseño institucional en menos de 30 años. El ejecutivo dejó de representar el papel de rector del estado, el estado apoyado en todos los poderes y las agencias autónomas se convirtió en el estado regulador. Estos organismos autónomos han sido vitales para el desarrollo económico y político de México. Son órganos apartidistas, especializados, que agrupan talento profesional de calidad, y que han logrado entre otras cosas, tasas de inflación bajas y estables, regulación efectiva en diferentes sectores en favor de los consumidores, más competencia económica, acceso a la información, elecciones libres y creíbles entre otros. A diferencia de lo que ocurre frecuentemente con los gobiernos, las prácticas que se desarrollan dentro de estos órganos permanecen y se mejoran con el tiempo, aún y cuando sus integrantes cambian. Es decir, son un valioso repositorio de experiencias que seguirá dando frutos al país en el futuro.
Es cierto que el marco legal en el que operan puede mejorarse, propuestas que eviten la cooptación de estos organismos deben de ser alentadas, existen mecanismos para dificultar la captura de los reguladores. Lo mismo sucede con el aseguramiento en la eficiencia en el manejo de los recursos, en Nuevo Léon se realizó una consulta ciudadana sobre si los parques deben de tener material de primeros auxilios al costo de más de 30 millones de pesos. Con esa cantidad, podría haberse dotado de estos materiales a todos los parques, no tenía sentido la consulta.
Pero a todas luces, los órganos autónomos son parte esencial de los “checks and balances” (controles y balances) de la democracia mexicana, tienen la capacidad de corregirle la plana a los otros poderes en las materias de su competencia. Subordinarlas a los otros poderes, en especial el ejecutivo, implica concentrar todo el poder en una sola cabeza, es eliminar el estado regulador y reinstalar la rectoría del estado. Sin duda, estas elecciones del 6 de junio serán críticas para que esto no suceda, anhelo que podamos sortear esta amenaza con éxito.
El autor es Profesor Asociado del Departamento de Economía del Campus Monterrey.
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