El diseño de la política fiscal de cualquier país debe de buscar como premisa inicial, el equilibrio entre los ingresos gubernamentales y el gasto público.
Si bien suena simple, llegar a un modelo exitoso es complejo, y de lograrlo, su aplicabilidad no es eterna. En México, la balanza de dichos conceptos no ha sido eficiente, en términos banales; se gasta más de lo que se recibe. Luego entonces el siguiente paso en la fórmula de las finanzas del Estado resulta obvio; endeudamiento o refinanciamiento.
Durante la época del “boom” petrolero, nos volvimos dependientes de este rubro y ciertamente parecía una pésima estrategia. Hoy en día, la realidad es que esto sería la panacea y nos vendría de lujo. Los ingresos petroleros actualmente representan solo el 11% del total y la razón es sencilla, producimos 1.6 millones de bpd, cuando hace diez años eran 2.5 millones de bpd y no solo esto, sino que el precio de la mezcla mexicana, (a pesar de estar en un buen momento), no rebasa los USD 60, cuando llegó a estar por arriba de los USD 100.
Si hoy no dependemos de la actividad petrolera, ¿entonces de quién?... la respuesta es clara: de todos nosotros, los contribuyentes. Y es aquí donde se pone interesante el tema, ya que a pesar de los pesares y por increíble que parezca, durante 2020 se obtuvo una recaudación fiscal histórica, logrando un aumento de 137 mil millones, un 0.8% respecto a 2019, llegando a la cifra de 3.3 billones de pesos. (hace diez años la recaudación era de 1.2 billones).
Esta recaudación “exitosa” se dio a través de un aparato de fiscalización agresivo, sin precedentes y sobre todo, a pesar de contar con un entorno desfavorable; pasamos por una desaceleración económica pre-pandemia, la cual vino a agudizarse durante la contingencia sanitaria.
En la teoría, una política fiscal sólida debe ser exigente en las tareas de recaudación, pero de igual forma altamente responsable en la gestión de sus egresos. Durante los últimos tres años existió un aumento considerable en programas de apoyo social, además de inversiones de infraestructura pública altamente cuestionables en su operación y rentabilidad. De seguir con esta tendencia, claro está que el país seguirá requiriendo mayor endeudamiento. Esto no es buen augurio, por ende, se vuelve obvia la necesidad de generar mayor recaudación incrementando la base de contribuyentes, a través de una reforma fiscal.
Días atrás, se presentó el paquete económico para 2022, que, si bien contempla la creación de un nuevo régimen simplificado de confianza (algo así como un RIF versión 2.0), y algunos ajustes en la legislación fiscal, con un alto sentido recaudatorio, se queda corta en la intención de ampliar la base y procurar un mejor fomento al cumplimiento de obligaciones fiscales.
En mundo ideal, éstas pudieron haber sido solo algunas de las iniciativas que pudieron estar siendo sujetas a discusión en las siguientes semanas:
- Para efectos de ISR; i) la disminución de la tasa de ISR en dos o tres puntos porcentuales, ii) fomentar la inversión con esquemas deducción inmediata de activos u otros estímulos que permitan reactivar la actividad económica que asegure el llegar al 4.1% del crecimiento alegremente estimado y iii) permitir la deducción total de las prestaciones sociales (este último es increíble que se siga limitando).
- Para efectos de IVA: i) la homologación de tasas al 16%, incluyendo alimentos y medicinas (tal vez omitiendo productos de canasta básica).
Otra asignatura pendiente está centrada en la automatización del aparato de cumplimiento. Siendo punta de lanza años atrás, en el uso de tecnologías, para facilitar e incentivar el cumplimiento oportuno de los contribuyentes, hoy es irrisorio que ni siquiera existan citas para hacer trámites. Esto debe ser una prioridad, que no necesariamente se resolverá con el nuevo proceso de citas publicado semanas atrás.
Triste, pero es más probable que nada de esto acontezca en el corto plazo. No sorprenda que en un par de años más bien se pretenda, por el contrario; aumentar la tasa de ISR o incluso eliminar actividades sujetas al 0% en IVA, entre otros. Como potencial punto positivo, a diferencia de otras reformas emitidas en años recientes, para la fiscal, se tendrá tiempo de discusión y análisis de factibilidad; así las cosas, se evitará (esperemos) sacar esta reforma al vapor, con calzador y tonos coercitivos.
Lo cierto es que de no haber contado con fondos de estabilización o coberturas petroleras estaríamos en un peor escenario en este momento. El éxito en la recaudación del año anterior no debe nublarnos la vista y desviar la atención del objetivo primario mencionado al inicio: el balance entre ingreso gubernamental y gasto púbico.
De no darse en el corto plazo, una reforma trascendental y asumiendo que las autoridades pretenderán legislar a través de resoluciones misceláneas, se seguirá exprimiendo y dejando en el vortex al grueso de contribuyentes cautivos, personas físicas y morales, quienes seguirán siendo los pilares de las finanzas del país.
El autor es Profesor de la Escuela de Negocios en la Universidad de Monterrey. Es Contador Público y Maestro en Derecho Fiscal. Cuenta con amplia experiencia en consultoría fiscal nacional e internacional.