El revés que los diputados le dieron a la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal es sólo una muestra del rechazo de la población a los monopolios estatales o particulares, sino que buscan una mayor competencia que los beneficie, señaló Fernando Turner Dávila, fundador de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI).
“Con lo que pasó en la Cámara de Diputados se manda un mensaje de que la gente no quiere monopolios, ni estatales ni particulares y que, lo que queremos es una mayor competencia en todos los sectores porque eso trae más beneficios a la población y para los mexicanos”.
Explicó que los altos precios de la energía eléctrica en el país, y de otros monopolios como “los bancarios, telecomunicaciones, autopistas, ferrocarriles y otros, hacen que la inversión productiva no sea rentable y tenga que buscar escapes que al final inciden en bajos salarios. O sea, el dinero se lo están llevando los monopolios no las empresas y eso hace que el nivel de vida de los obreros mexicanos siga siendo muy bajo”, destacó.
Consideró que el gobierno federal debe de enfocarse en fortalecer y mejorar la eficiencia de la Comisión Federal de Electricidad y, buscar invertir más en la distribución, debido a que la que actualmente hay en el país es muy limitada.
“Hay que exigir a CFE índices de eficiencia razonables porque tiene toda la distribución de la energía eléctrica, en lo único que tiene competencia es en generación. Las pequeñas y medianas empresas lo que queremos es energía barata, eficiente, ininterrumpida, de calidad, si fuera posible hasta polarizada”, puntualizó.
Por otro lado, Daniel Flores el economista y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, explicó que lo que se lograron evitar cuantiosos costos, de acuerdo con cómo estaba planteada la iniciativa de reforma.
Uno de ellos era la sustitución de la producción de energía por parte de los privados, que finalmente era más barata mediante subastas, y reemplazarla por producirla por misma CFE usando plantas menos eficientes.
También se evitó tener que indemnizar con alrededor de 20 mil millones de dólares, a las empresas que invirtieron sus recursos de acuerdo con las condiciones del Tratado de Libre Comercio, además se evitaron costos ambientales porque se pretendía desplazar las energías limpias lo que repercutiría a daños a la salud de la población y del medio ambiente.
Y, por último, se logró eliminar el que el gobierno tuviera que recurrir a subsidios para no elevar los precios a los usuarios, recursos que podrían ser utilizados en educación o salud.