El mes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sometió a votación de los Ministros la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que el Congreso aprobó en marzo de 2021. El resultado fue que una mayoría de los Ministros consideró varios artículos de la reforma de la LIE como inconstitucionales, sin embargo, en ningún caso se alcanzó la mayoría calificada que se requiere para declararla inconstitucional, por lo que los jueces tendrán que resolver uno a uno las centenas de amparos que se promovieron contra la reforma a la LIE. Precisamente por causa de estos amparos la reforma a la LIE se encuentra suspendida y no será aplicable hasta que se levanten todas las suspensiones. Pesar de lo anterior, desde el Gobierno Federal se está actuando como si ya se estuviera aplicando la reforma a la LIE, particularmente en el caso de los permisos de autoabastecimiento que han sido tildados de “fraudulentos”. ¿Qué conlleva esta situación para las miles de empresas que reciben energía eléctrica bajo el esquema de autoabastecimiento? ¿Qué hacer como empresa consumidora al verse inmersa en esta disputa de fuertes tintes políticos?
Me parece importante, en primer lugar, el entender las razones del Gobierno Federal para lanzarse contra el esquema de autoabastecimiento. Este esquema se encuentra vigente desde principios de los 90′s, en una época donde la liberalización de los mercados y la apertura comercial estaban en auge mundial. Sin embargo, la Constitución en México establecía (y siguió estableciendo hasta finales de 2013) que el Servicio Público de Energía Eléctrica estaba reservado al Estado. Lo que sucedió entonces es que se ajustó en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) que el que una sociedad generara energía para consumo propio, no era considerado Servicio Público, con lo cual nacieron las Sociedades de Autoabastecimiento. En estas sociedades, las empresas se asociaban con una participación mínima (una sola acción de valor simbólico) con el exclusivo propósito de obtener energía de la central eléctrica en condiciones de precio competitivas. A ojos de unos esto es un fraude, a ojos de otros fue un legítimo primer paso hacia la liberalización (y con ello la competitividad) del mercado eléctrico que ya había sucedido hace años en países europeos e incluso en países latinoamericanos como Chile.
Como empresa consumidora que está en el esquema de autoabastecimiento, es importante tener claro que el problema que tiene con este esquema la Administración Federal es meramente ideológico, pues el esquema en sí mismo es completamente legal. La reforma a la LIE (aún suspendida) establece en su artículo Transitorio Cuarto que los permisos de autoabastecimiento obtenidos en fraude a la ley deberán ser revocados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). La CRE ya tenía la atribución de revocar permisos cuando se incumpliera la ley o cualquier parte de la regulación que lo ameritara, por lo que pareciera que esta consideración en l reforma a la LIE no da ninguna atribución legal nueva.
Por lo anterior, las empresas consumidoras bajo este esquema se encuentran entre la espada y la pared. Por un lado, tienen sus obligaciones contractuales bajo su contrato de autoabastecimiento, por el otro tienen a las autoridades “invitándolos” a que regresen con CFE Básicos. Más aún, las empresas consumidoras que están buscando salir del autoabastecimiento para entrar al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), se están encontrando con la necesidad de hacer varios trámites con tiempos de respuesta indefinidos. La lógica indica que, si se pretende motivar a las empresas a que salgan del esquema de autoabastecimiento, lo menos que se pudiera hacer es facilitar, o al menos no entorpecer, el proceso de quien está en esa vía.
La mayor parte de las instalaciones que reciben energía a través del esquema de autoabastecimiento son empresas del sector de ventas al menudeo: supermercados, cines, bancos, tiendas de conveniencia, cadenas comerciales, etc. La razón es que el esquema de autoabastecimiento les ofrece condiciones de precio mucho más competitivas que el MEM y que CFE Básicos. En un contexto de inflación alta, donde se han lanzado iniciativas para contenerla, parece completamente contradictorio impactar el costo de un insumo tan importante como lo es la energía eléctrica, corriendo así el riesgo de impactar el costo de productos de primera necesidad. Precisamente esta semana el Presidente comentó que los bancos “ya aceptaron que CFE los abastezca” y que aún están “negociando” con otras empresas. Pareciera ser que el Ejecutivo Federal pretende tener completa discrecionalidad para determinar cuales permisos de autoabastecimiento son “fraudulentos” y cuales no, lo que pondrá a prueba la independencia del Poder Judicial y la firmeza del Estado de Derecho.
