Fue hace más de 3 años cuando se hizo el anuncio de que se cancelaría la cuarta subasta de largo plazo y se estimó que hacia el 2024 México dejaría de percibir inversiones por $8 mil millones de dólares.
A partir de este momento el panorama en la industria eléctrica nacional se mantuvo con una constante: incertidumbre.
Después llegó la intención de reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) a principios del año pasado, promoviendo el monopolio de la CFE mediante cambios en el despacho de energía, eliminando la libre competencia en la generación y comercialización de energía, modificando lineamientos en la entrega de CELs (Certificados de Energía Limpia) y otorgando a la CRE (Comisión Reguladora de Energía) criterios discrecionales para emitir permisos, así como para revocar los de autoabastecimiento tramitados antes de la Reforma.
Se declaró de manera oficial: fortalecer la CFE a costa de lo que sea. Llovieron amparos y mientras no se sabía si estos cambios llegarían a ser aprobados, se publica en octubre la iniciativa para contrarreforma.
Ésta todavía más extrema, con la propuesta de desaparecer la CRE y la CNH (Comisión Nacional de Hidrocarburos), regresar el CENACE (Centro Nacional de Control de Energía) a la CFE, cancelar contratos, eliminar los CELs, nacionalizar el litio, entre otros; cambios a la industria de 180 grados.
En todo este tiempo se han frenado las inversiones privadas e igualmente los presupuestos de instituciones como la CRE, que tiene permisos frenados y que no ha podido concretar obligaciones como la administración de los CELs que manda la reforma energética actual y vigente.
En abril de este año la oposición tuvo un gran logro al evitar que se consiguiera la mayoría calificada necesaria para aprobar la contrarreformas.
En pleno domingo de resurrección, hubo legisladores que hasta durmieron en la Cámara con tal de asegurarse que no tendrían imprevistos que los detuviera poder participar en la votación.
Fueron momentos muy estresantes, ya que está comprobado que esta contrarreforma atrasaría nuestra economía e industria eléctrica en más de 30 años.
Por más de un año fue un tema abordado en todos los medios, con editorialistas, politólogos, técnicos y académicos dando su opinión. Era obvio que, de aprobarse esta contrarreforma, las pérdidas serían millonarias y hasta se tuvieron muchas advertencias de nuestro país vecino mencionando su preocupación y las sanciones económicas y legales que se pudieran aplicar.
El CCE (Consejo Coordinador Empresarial) estimó $44 mil millones de dólares en capacidad instalada de generación privada en riesgo de confiscación y expropiación indirecta.
Ese domingo de resurrección, también se resucitó a la reforma energética del 2013, que ya algunos daban por muerta.
¿Pero ahora qué sigue? Se dice que después de la tormenta llega la calma, pero esta fue una tormenta que duró años generando incertidumbre, ahuyentando la inversión extranjera. Parece que ya llegó la calma porque es un hecho que la CRE y el Cenace siguen siendo autónomos, los CELs siguen vigentes, la generación distribuida no es ilegal (aunque la SENER y la CFE salieran a defender la generación distribuida, la iniciativa a votarse sin modificación alguna proponía que solo el estado tuviera permiso de generar energía).
¿Pero cuánto tardará en recuperar el tiempo y espacio perdido? ¿Se podrá calcular lo que se perdió durante tanta incertidumbre? ¿Cómo se puede recuperar la confianza de los inversionistas para que vuelvan a invertir en México y se aproveche el potencial envidiable que tenemos por ejemplo para energías renovables comparado a muchos otros países?
¿Qué pueden hacer las cámaras empresariales para comunicar esto y avisar que ya pasó la tormenta? ¿Y habrá realmente pasado la tormenta?
Además de dejar estragos parece que todavía hay lluvia ya que nos topamos con otra fricción en la industria eléctrica.
A pocos días de que no pasó la iniciativa de la contrarreforma, el mandatario federal pidió a las empresas que tienen sociedades de autoabasto eléctrico a acercarse al Gobierno para negociar la suspensión de sus contratos, a raíz del fallo de constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica.
El IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) recién publicó un estudio que evidencia el efecto de los autoabastos en el sistema eléctrico nacional para atraer inversiones y expandir la capacidad de generación renovable.
Desde 1994 un total de 468 permisionarios han invertido $27 mil millones de dólares para generar electricidad en sus propias plantasy no depender del suministro de la CFE.
El estudio concluye que adelantar la caducidad de los permisos de autoabasto tendría estas importantes consecuencias:
- Atentaría contra el Estado de derecho y la certidumbre jurídica al vulnerar las condiciones bajo las cuales las empresas y entidades públicas invirtieron en la construcción de centrales de generación e infraestructura de transmisión.
- Inhibiría la capacidad del País para atraer inversión nacional y extranjera en el sector eléctrico y en otros sectores económicos.
- Incrementaría de forma innecesaria los costos de producción de las empresas que consumen electricidad bajo este esquema.
- Obstaculizaría el cumplimiento de los compromisos adquiridos por México en el Acuerdo de París al reducir la participación de energías renovables en la matriz de generación eléctrica del País.
Por todo lo anterior, nos quedaremos con la duda si ya llegó la calma.
