El asunto comienza con el cambio o migración (eventualmente obligatoria) de la facturación con versión 3.3 a la versión 4.0 la cual iba a entrar en vigor a partir de este primero de enero de 2022, y se ha ido posponiendo, y ahora hasta el 1 de Enero de 2023, lo cual despresuriza un poco este asunto.
Quienes emiten facturas, o CFDI (comprobante fiscal digital por internet) deben alimentar su sistema de facturación con los datos fiscales y de identificación de cada cliente al que le van a facturar, y en el caso de quienes tienen trabajadores asalariados, la nómina también debe ser “timbrada” y debe expedirse un CFDI para poder deducir fiscalmente este gasto.
La nueva versión 4.0 pide básicamente seis datos del cliente o trabajador, para validar la emisión del CFDI, y son: Nombre completo, RFC, el régimen fiscal que tiene registrado ante el SAT, el código postal de su domicilio fiscal, el uso que le va a dar a la factura y la forma de pago.
Si por ejemplo, el nombre que se ingresa al sistema, no corresponde exactamente al que tiene el SAT en sus registros, o el código postal no coincide, el sistema los detecta como “error” y no va a timbrar la factura y no se podrá emitir.
De tal suerte, si el contribuyente no conoce o no recuerda sus datos como los tiene capturados el SAT en sus registros, el perjuicio es solo para El, ya que no podrá obtener la factura que solicita.
En el caso de la nómina, el patrón no podría hacer deducible este gasto, por no contar con el CFDI correspondiente, pero eso no es excusa para dejarle de pagar a algún trabajador su salario correspondiente, por esa razón les están exigiendo a los trabajadores que presenten su constancia de situación fiscal, para evitar este contratiempo, aunque legalmente, NO existe ninguna obligación fiscal para que pueda exigirles a sus trabajadores que la obtengan y se las proporcionen.
De tal suerte, el asunto NO es como lo pintan en los “memes” que circulan en redes sociales, de que es el SAT el que le pide al patrón esta constancia, para que a su vez se las pida a sus trabajadores, y que finalmente se le vuelvan a entregar al propio SAT, que fue quien las emitió.
Por otro lado, ¿Se puede pensar que la “confidencialidad” del padrón de contribuyentes se compromete con estas acciones?
¿Podrían los patrones comercializar o hacer otro uso de estos datos fiscales de sus trabajadores?
Lo cuestionable de todo esto, es que tan solo con el RFC, se deberían de dar por cumplidos todos los requisitos para emitir facturas, y la medida no se puede justificar bajo ningún otro objetivo válido que pase la prueba del costo beneficio.
Si voy a darle efectos fiscales a la factura o no, si la pagué con tarjeta de débito o de crédito, si mi código postal no corresponde al que tiene registrado el SAT, o si soy arrendador o tengo actividad empresarial, la verdad, difícilmente pueden validarse como requisitos para obtener una factura.
No hay que olvidar que todo esto eleva la complejidad y el costo de cumplir con las obligaciones fiscales, y el tiempo invertido (¿o perdido?) dedicado a estos menesteres, nunca ha sido cuantificado cabalmente, y pasa por alto las cuantiosas facultades con las que cuenta el SAT para auditar y verificar datos, pero obviamente, pasarle al contribuyente estas tareas, es más cómodo y barato.
Por qué por ejemplo, no se implantó un programa específico o un micro sitio en el portal del SAT, donde enviando una dirección de correo y el RFC, el sistema les envíe el archivo PDF con la referida constancia, ya que el sitio idsat es más complejo?
O poner un módulo especial en todas y cada una sus oficinas, (o incluso en sitios públicos) con personal exclusivamente dedicado a expedir estas constancias a gente que no sabe cómo hacerlo por internet, y que sean atendidas sin cita?
Pero bueno, son solo preguntas.
