El país sufre actualmente de una sequía importante que está provocando la escasez del agua para la poblacion. El caso mas incónico ha sido en el la ciudad de Monterrey donde se implementaron recortes en el suministro del agua ante niveles bajos de capatación de las presas y la escasa lluvia en la región. En el caso de NL, según datos de la CONAGUA, el 60 por ciento del agua se utiliza para la agricultura, el 6 por ciento por la industria y menos de 1 por ciento es para consumo doméstico.
La realidad es que NL ha tenido una reducción considerable en la inversión en infraestructura pluvial. De 2006 a 2012 la inversión en infraestructura en agua, riego y saneamiento representó en promedio 0.16 por ciento del PIB estatal comparado con 0.03 por ciento de 2013 a 2020. Esta falta de inversión federal es la principal culpable del desabasto que actualmente sufre la ciudad. No han existido incentivos económicos para mejorar la distribución e inversion en el sector.
Sin embargo, esta situación pudiese cambiar si el agua se cobrara a un precio real y se privatizara. Según el estudio “Water: the right price can encourage efficiency and investment” argumenta que un precio real del agua incentivaría a que los usuarios la desperdicien menos, por su costo, y que su utilización sea más eficiente. Así, una familia que actualmente tiene desabasto durante el día escogería el mejor uso del recurso sin la necesidad de cortar su sumnistro.
Además, un precio rentable para las compañías que comercialicen el agua les daría incentivos para invertir en infraestructura y tecnología para elevar la capacidad de almacenamiento y generación de agua. Adicionalmente, se fomentaría el reuso y reciclaje del agua que es benéfico para el medio ambiente. Actualmente, las empresas y el sector agrícola tiene concesiones muy accesibles de uso del agua. Con un precio real de mercado se verían obligados a ser más eficientes en su uso. Según la OCDE, en el mundo el 70 por ciento del agua se utiliza en la agricultura.
Según un estudio de la OCDE, el sector agrícola debiese incorporar en su pago el equivalente a una parte de la infraestructura pluvial y del costo de operación por sus altos niveles de consumo. Asimismo, argumentan que los subsidios gubernamentales solo incentivan a que se desperdicie el agua y se eleve la contaminación. Así, una solución de largo plazo para evitar el desabasto futuro del agua sería su privatización y competencia.
El autor es director general de Soluciones Financieras GAMMA y profesor de Economía y Finanzas de EGADE Business School. Tiene un doctorado en Finanzas y maestría en Economía Financiera, ambas por la Universidad de Essex en el Reino Unido. Fue el economista en jefe para México de Itau BBA, director general adjunto de Organismos Financieros Internacionales en la SHCP e investigador en el Banco de México.