Se aproxima la temporada alta de vacaciones y algunas familias planean viajes y actividades de ocio con el objetivo de pasar tiempo de calidad y fortalecer lazos. Este tipo de actividades suelen ser consideradas divertidas y muy gratificantes para toda la familia, pero también pueden representar grandes desafíos en cuestión financiera y de planificación, y el reto es todavía mayor si existe alguna necesidad especial o discapacidad de algún miembro de la familia.
De acuerdo a informes recientes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor del 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad y que esta proporción va en aumento. Por su parte, el Banco Mundial estima que en el 2020 alrededor de 85 millones de personas en América Latina y el Caribe vivían con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 14,7% de la población regional. En México, datos del Censo del 2020 indican que del total de la población del país (126,014,024), el 5.7% vive con alguna discapacidad y/o algún problema o condición mental. Cabe resaltar que si bien estas cifras muestran que las personas con discapacidad representan una minoría, se sabe que constituyen la mayor minoría del mundo. Lamentablemente este segmento suele enfrentarse a la estigmatización, discriminación y exclusión social que limitan su participación en la sociedad en términos de igualdad con las demás personas, siendo violados sus derechos en temas de educación, empleo, libre desplazamiento, entre otros ámbitos de su vida.
El derecho al descanso y al ocio es un derecho universal, fundamental para la calidad de vida de todas las personas y el turismo (a nivel local, nacional o internacional) representa una actividad económica asociada a este principio. Como sucede con otras esferas de la vida de las personas con discapacidad, su participación en esta actividad (y la de sus familias) suele ser limitada debido a la falta de bienes y servicios que faciliten su libre desplazamiento a otros lugares. En ese sentido, la Organización Mundial del Turismo (OMT) en la Declaración de Manila de 1980 (documento que reconoce el turismo como un derecho fundamental y necesario para el desarrollo humano) asocia por primera vez los conceptos de turismo y accesibilidad. Esta organización, en conjunto con otras dos asociaciones, lideró en el 2021 la elaboración de la UNE-ISO 21902, la primera norma mundial que establece los requisitos y recomendaciones para un turismo accesible a lo largo de toda la cadena de valor de la industria turística.
En el contexto mexicano, la Ley General de Turismo establece en el artículo 19 que los prestadores de servicios turísticos deben asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad en condiciones adecuadas. Si bien hemos tenido algunos avances en materia de accesibilidad, y esta es una de las condiciones necesarias para un entorno inclusivo, los avances han sido paulatinos y en muchos casos insuficientes e insatisfactorios por su mala ejecución (ej. rampas con un grado de inclinación inapropiado e incluso peligroso) solo con el fin de cumplir con el requisito.
Adicionalmente, las personas con discapacidad y sus familias aún se enfrentan a múltiples barreras más allá de las físicas. Por ejemplo, la falta de información relevante a su condición que les proporcione la confianza suficiente a la hora de planificar el viaje, actitudes negativas por parte del personal turístico e incluso de otros turistas que carecen de sensibilidad ante sus limitaciones físicas, cognitivas o de comportamiento. Esto puede generar una gran frustración, sentimientos de rechazo y falta de voluntad para participar en actividades turísticas y de ocio.
Asegurar la eliminación de barreras físicas es solo un primer paso hacia un turismo verdaderamente inclusivo de personas con discapacidad y sus familias, y es necesario avanzar de manera paralela en la formación y sensibilización de las y los involucrados en toda la cadena de valor así como de la sociedad en general. Por lo que, buscar la inclusión de este segmento en actividades turísticas y de ocio no es solo un deber del estado y de los prestadores de servicios, todas y todos tenemos un rol en la eliminación de estas barreras y es importante tomar conciencia y responsabilidad en el cuidado de los derechos de la mayor minoría del mundo.
La autora es Doctora en Ciencias Administrativas por la EGADE Business School y actualmente es Profesora Investigadora de Mercadotecnia de la Escuela de Negocios de la UDEM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT.