El día de ayer Enrique Quintana, en su editorial, citaba una declaraciones que hizo a Bloomberg TV del Doctor Nouriel Roubini, prestigiado economista de los Estados Unidos, donde no solo afirma que habrá una recesión para la economía de los EUA, sino para muchos países más, y anticipa que ésta no será “suave”, sino más bien profunda y acompañada de una crisis financiera.
El principal argumento que esgrime el Doctor Roubini, como detonante de esta crisis económico financiera, es el elevado endeudamiento de los gobiernos centrales, ante un escenario de incremento en las tasas de interés, que podría ser más prolongado en la medida que tarde en controlarse la elevada inflación.
En particular, cita el caso de la deuda pública en los Estados Unidos, cuyo cociente como proporción del PIB ha aumentado en más de 30 puntos entre 2019 y 2021, al pasar del 106.8 por ciento al 137.2 por ciento.
De tal suerte, el impacto financiero en el servicio de la deuda, ocasionado por el alza en las tasas de interés, se refuerza con el mayor saldo de la deuda, y magnifica este problema.
Sin embargo, este indicador de deuda como proporción del PIB, a pesar de que tiene ya carta de ciudadanía en todos los análisis económicos y financieros que se realizan a nivel mundial, no es ni el más apropiado ni el más relevante para medir la salud financiera de los gobiernos, ya que no es el PIB nacional la medida de la capacidad de pago de los gobiernos, sino los ingresos propios que perciben, y si se quiere ser un poco más preciso, hablaríamos de los ingresos propios de libre disposición, aunque éste indicador requeriría de ser definido previamente, de manera relevante y satisfactoria.
Por ejemplo, si el gobierno federal recauda 100 pesos de impuestos, la Ley de Coordinación Fiscal dispone que un porcentaje de estos ingresos debe ser transferida a los Estados, por lo que este concepto de transferencias estatutarias debe ser deducido de los ingresos totales por impuestos, ya que el gobierno federal no puede disponer de la totalidad de los impuestos recaudados, y determinar así los ingresos propios de libre disposición.
Por otro lado, la medición de los ingresos públicos también debe ser analizada, ya que por ejemplo, en el caso de nuestro País, si bien los ingresos tributarios son los más importantes para las finanzas del Gobierno Federal, y que además presentan una dinámica relativamente estable y predecible, también se reciben ingresos petroleros, vía el Fondo Mexicano del Petróleo, e ingresos no tributarios, pero éstos son más volátiles y menos estables, por lo que para determinar una verdadera capacidad de pago, estable, confiable y de largo plazo, los impuestos netos de participaciones serían el indicador más apropiado para calificar y proyectar la verdadera capacidad para honorar el servicio de la deuda pública.
Es decir, el indicador relevante en materia de endeudamiento público, y de capacidad de pago, debe ser el cociente de Deuda a Ingresos propios de libre disposición y no con respecto al PIB.
De hecho, si usamos esta métrica en México, este cociente de deuda del gobierno federal a ingresos tributarios netos, se ha reducido entre 2018 y 2021 del 291 por ciento al 229 por ciento, es decir, de deber el equivalente a casi tres años de ingresos propios tributarios, se ha reducido a deber solo el equivalente a 2.2 años de impuestos propios.
Por otro lado, si comparamos no el saldo, sino el servicio de la deuda del Gobierno Federal, como proporción de los ingresos tributarios, netos de participaciones a los Estados, que es un indicador más relevante, lo que se tiene es que prácticamente se ha mantenido estable.
En efecto, en 2018, este indicador era de 15.5 por ciento, mientras que para finales del año pasado, solo había aumentado a 15.6 por ciento, mostrando una dinámica prácticamente estable, esto debido a la contratación de nueva deuda por parte del gobierno federal ($2.4 billones de pesos en estos 3 años) ya que las tasas de interés en este periodo, tuvieron una ligera reducción.
El mensaje entonces, es que la deuda pública (a diferencia de la deuda de los hogares) se sirve, no se paga o se amortiza, y la idea es que el incremento en el saldo total crezca por debajo del crecimiento de la economía y de los ingresos propios, para que se vaya reduciendo en términos relativos, no en términos absolutos, y por supuesto, en términos reales.
Comparando esto con la economía de una familia, si el pago de intereses provenientes de crédito hipotecario, de automóvil, y de tarjetas de crédito, solo consume el 16 por ciento de los ingresos netos del hogar, es difícil afirmar que su posición financiera está comprometida, aunque claro, el tamaño de la deuda es importante para calcular la exposición al riesgo que representa el aumento en las tasas de interés, que como sabemos, tiende a crecer no lineal, sino exponencialmente.
En resumen, a nivel de gobierno federal, la deuda actual y su servicio, no se encuentran en niveles que sean preocupantes para la salud financiera del Gobierno Federal, y fácilmente podrían acomodar, como lo están haciendo, una mayor cantidad de ingresos por financiamientos, que para este año 2022, supera ya el billón de pesos.
