A pesar de que la mayoría de las empresas en la región invierte en infraestructura social para el desarrollo humano de sus empleados y de sus familias, y comunidades, las empresas se enfrentan a tensiones para sumarse al movimiento global de la sostenibilidad. En esta línea, la historia económica latinoamericana atribuye las prácticas sociales de los empresarios y las de sus empresas a una fuerte adhesión a los principios de la doctrina social cristiana. En general, estos principios dictan cómo conducir a las empresas y las obligaciones del empresariado hacia sus empleados y hacia la comunidad. La historia económica de Monterrey ofrece evidencia que indica cómo el patrón de prácticas sociales de las grandes empresas incluye la creación de institutos y organizaciones para el desarrollo humano en los ámbitos de educación, salud y calidad de vida de sus empleados y sus familias, prácticas que actualmente podemos identificar dentro de su responsabilidad social empresarial.
Desde una perspectiva internacional, las empresas se enfrentan a una tensión derivada de las presiones de las instituciones multilaterales que promueven otras bases para las prácticas sociales empresariales, como son los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La tensión también puede provenir de las expectativas de las comunidades locales en donde operan las empresas, al no aceptar principios universales de responsabilidad social empresarial o del desconocimiento que los empresarios tienen sobre la legislación para el desarrollo social en otros países.
En una de mis más recientes investigaciones analicé las cartas de presentación de los directivos de los informes anuales y de sostenibilidad y disponibles al público, de las diez empresas latinoamericanas más internacionalizadas en un corte transversal de cinco años para cada empresa. Los datos generaron resultados interesantes. Cuando antes, las empresas se comprometían con los objetivos de organismos locales, ahora reportan su adhesión a la agenda internacional del desarrollo social. Los directivos señalan la adopción y compromiso con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, firman el compromiso con el Pacto Mundial y se involucran con otros organismos rectores del desarrollo social. Es más, los directivos se convierten en miembros activos o líderes de esas instituciones internacionales y participan en iniciativas mundiales para el desarrollo. Éstos señalan cómo sus empresas son evaluadas por organismos internacionales en temas de prácticas sociales y cómo estas prácticas son clasificadas como competitivas.
Cuando antes, las empresas informaban de su compromiso moral para los empleados y sus familias, así como para la comunidad local, ahora los directivos enmarcan las practicas sociales en el ámbito de los derechos humanos. En esta línea, los derechos humanos son la base de sus relaciones con la comunidad y la definen como una relación de coparticipación o de sociedad. Esto es, la empresa y la comunidad deciden, en conjunto, el mejor camino para la inversión social. Así, la empresa se presenta en un nivel de igualdad ante la comunidad en donde opera y no de autoridad, como ocurría en el pasado. Los directivos señalan constantemente elementos de sostenibilidad como centrales a su cultura organizacional. Estos elementos reemplazan otros reportados antes y relacionados sólo con el desempeño de la empresa.
La práctica de informar sobre las acciones sociales bajo un estándar universal señala tensión entre los requerimientos de las instituciones multilaterales y lo que las empresas implementaban previamente. El reto no es sólo informar, sino hacerlo en una forma determinada y asegurar su alineación al movimiento global de la sostenibilidad, por lo que las empresas introducen prácticas o cambian las ya existentes. La internacionalización de las empresas las impulsó a relacionarse con instituciones internacionales que dictan estándares y principios universales para reportar. Así, el movimiento global de la sostenibilidad parece suplir la falta de la regulación local para reportar sobre las prácticas de responsabilidad social y es evidente que las empresas responden gradualmente a través de los informes. En contraste, en otras economías de mercados emergentes como China, es el gobierno quien impone normativas para que las empresas implementen y reporten sus prácticas sociales, por lo que en un futuro cercano las tensiones continuarán entre los organismos rectores de los estándares universales que promueven los reportes de sostenibilidad.
La investigación completa está publicada en el libro El Pensamiento Empresarial Latinoamericano en el Siglo XXI. Colombia: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia.
Anabella Dávila
La autora es Profesora Emérita de Liderazgo y Estrategia de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Su investigación de enfoca en el rol social de la gestión de recursos humanos.