Los indicadores económicos y financieros de este respiro que ha sido la breve recuperación de la crisis por COVID-19, son datos duros que no dan margen a lecturas demasiado optimistas: el país enfrenta su peor inflación en 20 años superando ya a la de Estados Unidos, la inversión productiva no se recupera, los indicadores de empleo muestran un crecimiento importante en el sector informal, y existe un riesgo de recesión mundial que terminaría por mermar más nuestro magro crecimiento económico, el cual por cierto no ha sido suficiente para recuperar los niveles de ingreso previos a la pandemia.
Sin embargo, muy en el fondo de nuestra economía y sociedad, existen actualmente carencias fundamentales que de no resolverse pronto, nos rezagarán aún más de una economía global que no se detiene para esperar a nadie.
En particular, desde un confinamiento que resultó incompleto e insuficiente, y una apertura a las actividades económicas que fue desastrosa en su falta de planeación y abrupta implementación, la pregunta que planteo hoy gira en torno a la reconstrucción de la sociedad y economía mexicana post-COVID-19, partiendo de una premisa: la necesidad de la reinstitucionalización descentralizada (es decir, organismos independiente de la agenda política del gobierno en turno) en sectores estratégicos y fundamentales.
En esta columna, y por constituir una de mis áreas de interés científico, concentraré mis siguientes reflexiones a presentar algunas ideas en torno al muy deteriorado capital humano de nuestro país.
Si por definición, el capital humano es el conjunto de habilidades que incrementan la productividad de una persona y su capacidad de disfrutar un mejor nivel de vida, por tradición el estudio del capital humano se ha enfocado en dos aspectos relevantes de una persona, ambos igual de importantes y sumamente afectados por la presente crisis: la salud y la educación.
En términos de la salud, es difícil dimensionar la gravedad del daño ocasionado por la falta de una visión tanto antes como durante y después de la pandemia. Lo que resulta evidente es la carente estrategia de salud pública reflejada la debilidad institucional del Insabi, y la necesidad de reintegrar la prioridad, el orden y la coherencia al sistema de salud, particularmente en torno a los más vulnerables que son quienes carecen de seguridad social.
La reconstrucción de un sistema de salud nacional que sea socialmente accesible, económicamente sólido, y financieramente viable, no es una tarea fácil, pero propuestas existen, como las planteadas por Santiago Levy, así como la experiencia de destacados exsecretarios de salud como Julio Frenk, Salomón Chertorivski, Juan Ramón de la Fuente y José Narro, por mencionar a los más activos.
Por otra parte, para reconstruir la economía es necesaria inversión pública y privada para remediar el rezago en los indicadores de cantidad y calidad educativa, resultantes del confinamiento.
En este caso, la errática e incompleta transición hacia una educación digital, sin duda ocasionó enormes dificultades en las capacidades de los estudiantes en todos los niveles educativos, además de que esta migración fue terriblemente regresiva al excluir del proceso educativo a grupos sin acceso a medios digitales.
De no contar con políticas educativas correctivas adecuadas, dada la naturaleza dinámica de los procesos educativos, esto habrá de ocasionar una terrible escalada en los indicadores de deserción escolar, y una caída en las habilidades cognitivas de quienes permanezcan estudiando, mismos que se reflejarán en menores oportunidades de educación superior y por tanto en menores niveles de ingreso.
En otras palabras, para resolver el grave deterioro del capital humano es necesario reinstitucionalizar al país, es decir, reconstruir y reinstaurar instituciones que cumplían papeles fundamentales en la sociedad como lo fueron el Seguro Popular o el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
Las instituciones, por su humana naturaleza, son imperfectas, pero son perfectibles. Sustituir instituciones que proveían servicios fundamentales como la salud en sus distintas dimensiones (prevención, diagnóstico, atención, y seguimiento) o en el seguimiento, diseño y política educativa, por programas sociales cuyo funcionamiento ha mostrado ser deficiente y que son, en el mejor de los casos, cuestionables, fue un grave atentado en contra de los ciudadanos, particularmente aquellos que dependen de los servicios públicos.
La desinstitucionalización del estado mexicano, y la reorganización del poder en torno a un partido o persona, es un terrible retroceso en el desarrollo social de nuestro país, y se da en el peor de los escenarios posibles: uno en donde la capacidad de anticipación y reacción por parte de las autoridades es fundamental para salvaguardar el bienestar de sus ciudadanos, y el costo económico de su negligencia no se mide en dinero sino en calidad y cantidad de vidas humanas.
El enorme reto que nuestro país enfrenta requiere reformar nuestra sociedad ante la difícil realidad que enfrenta, y reconstruir las instituciones públicas descentralizadas necesarias para la implementación de una mejor política económica y social; acciones concretas desde las ideas y lo mejor que nuestra experiencia como país puede ofrecernos, reaprendiendo y no olvidando lo que nos costó décadas entender: las buenas intenciones o las ideologías políticas no son criterios para diseñar e implementar políticas públicas efectivas.