El proceso para seleccionar al nuevo Fiscal General en Nuevo León podría tardar entre tres y seis meses ya que dependerá de las resoluciones judiciales y de los amparos que se presentaron por parte de algunos candidatos, señaló Javier Navarro, secretario general de Gobierno.
“El proceso está judicializado por lo que habrá que esperar a que los jueces federales empiecen a resolver los juicios de amparo que se presentaron por algunos candidatos, el tiempo puede ser de tres a seis meses… los amparos es más o menos lo que se tardan y todo dependiendo de las resoluciones judiciales que se dicten”, explicó Navarro.
Agregó que, “en relación a ello lógicamente no depende ni del Ejecutivo, del Congreso salvo que el congreso tuviera la intención de reponer los procedimientos para erradicar los vicios que ha habido en este procedimiento y que se han quejado las partes que han intervenido en el procedimiento para fiscal”.
Y por el otro lado en la cuestión de incidencia delictiva dijo que trabajan todos los días en compañía del encargado de la fiscalía Pedro Arce y sigue funcionando, “tenemos una mesa de seguridad que sigue funcionando día a día y seguimos trabajando muy de cerca con las fuerzas federales y lógicamente con fuerza civil. Esto no ha traído en lo absoluto ninguna circunstancia que pueda preocupar en el estado porque seguimos trabajando como debe de ser.
“Hay una persona encargada en el despacho y con ello estamos trabajando si es mucho tiempo A nosotros nos gustaría encontrar una solución próxima y rápida para resolver el procedimiento y lógicamente estamos abiertos para cualquier situación”.
Refirió que hay alrededor de 65 candidatos, pero algunos ya no se presentaron en el procedimiento de entrevistas, por lo que dijo desconocer el número de gente que haya quedado ya después del procedimiento, pero debe de haber entre 53 a 60.
“Hay riesgo desde el momento de que no hay una cabeza que nos permita planear y desarrollar todos los sistemas que normalmente llevamos a cabo en la mesa de seguridad, nos encantaría tener una resolución de alguien que cumpla los requisitos de ley y que tenga esa autonomía e independencia.
“Se busca que no tenga ningún tipo de inclinación en relación a algún tipo de interés de partido o de un grupo de personas, sino que lo importante es que esa autonomía le permita funcionar bien a la institución, porque creemos que esa es la mejor forma de sacar adelante la seguridad en el estado y aparte la intención del ejecutivo es que se resuelva lo más pronto posible”, explicó.