El pasado jueves 1 de diciembre, el gobierno federal en voz del presidente Andrés López Obrador (AMLO) anunció el incremento de 20 por ciento en el salario mínimo, como parte de su estrategia para combatir la pobreza en estas fechas.
El presidente López Obrador anunció que a partir del 2023 el salario mínimo en México aumentará en ese porcentaje, esto, tras alcanzar un acuerdo entre empresarios, trabajadores y el Gobierno federal.
De esta forma, con este anuncio se corrobora una vez más que la estrategia de combate a la pobreza del actual gobierno federal se basa en políticas centradas en el concepto de “ilusión monetaria”: estratagemas que incrementan monetariamente el valor real de los ingresos de un porcentaje de la población o controlan temporalmente los precios de algunas mercancías en el mercado, pero que en el largo plazo, sus impactos reales sobre el combate a la pobreza son mínimos sobre la población objetivo, y muy probablemente negativos sobre la población en general.
Durante su tradicional conferencia matutina ayer jueves, el mandatario mexicano informó que el sector empresarial, el obrero y su administración acordaron que, a partir del primero de enero del próximo año, el salario pase de 172 a 207 pesos diarios, un incremento de mil 52 pesos mensuales.
Asimismo, el jefe del Ejecutivo federal destacó que habrá un aumento en el salario diario en la zona libre de la frontera norte que pasará de 260 a 312 pesos diarios, una alza equivalente a mil 584 pesos mensuales.
AMLO destacó que con el incremento al salario mínimo, la estabilidad de la economía por la inflación no se pone en riesgo, ya que su administración seguirá manteniendo el control sobre el precio de las gasolinas y la electricidad.
“No vemos riesgos de que se dispare la inflación y estamos haciendo un plan con un subsidio de más de 300 mil millones de pesos para que no aumenten los precios de las gasolinas y el diésel (en 2023)”, destacó el presidente.
La política de incrementar el salario mínimo, así como el control de algunos precios de la economía a través del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), y las transferencias directas de dinero en sectores de la población (como en el programa de Becas Benito Juárez o los apoyos a adultos mayores), piezas claves que constituyen el eje sobre el cual se ha cimentado la estrategia de política económica de la actual administración federal, están vinculadas a políticas que usan la “ilusión monetaria” como polÍtica económica.
Estas herramientas en realidad son paleativos que momentáneamente traen un beneficio a un grupo de la población, tradicionalmente uno vulnerable y que requiere atención inmediata, pero que bajo las presiones inflacionarias que actualmente vivimos y que son potencialmente incrementadas por estas políticas, terminan por mermar el poder adquisitivo real tanto de esas familias como las del resto de la economía que no recibe estos estímulos, pero si perciben los efectos inflacionarios de forma directa.
Al respecto del incremento del salario mínimo, en su participación durante la misma conferencia, la titular de la secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, detalló que con el incremento al salario mínimo alrededor de 6.4 millones de trabajadores se verán beneficiados con la política a partir del primer día del 2023.
Claramente este postulado parte de la premisa errónea de que el ajuste en el salario no tendrá efectos en el nivel de empleo, o que la inflación será contenida, ya que con los niveles actuales de crecimiento en precios, el beneficio de este anuncio se reduciría a solo un 10% de incremento real para aquellos trabajadores que conserven su trabajo.
Por otra parte, las presiones que este incremento en el precio de la mano de obra (tradicionalmente no calificada, esto es hombres y mujeres de menor educación) representa en los costos para las empresas, al no poder sustituir en el corto plazo de manera eficiente el trabajo por capital físico o capital humano, se traducen de manera automática en mayores costos de producción, lo que se proyecta en una reducción efectiva en la oferta, presionando a la alza los precios de las mercancías para todos los consumidores en el mercado y exacerbando las presiones inflacionarias.
Esto genera mayores retos a la débil política monetaria del Banco de México que se ha visto rebazado en su capacidad por restablecer los niveles de inflación cercanos a los objetivos de 3.5 a 4% anual, a pesar de los incrementos sostenidos y graduales en las tasas de interés.
Y es que de nada sirve que la Secretaría de Hacienda reciba múltiples reconocimientos internacionales por la administración financiera eficiente y responsable de la deuda pública, si el uso que se hace de la misma es en gasto corriente destinado a programas sin diseño, evaluación e impacto permanente, y cuyo objetivo único es mantener la ilusión monetaria del porcentaje de la población suficiente para garantizar la permanencia en el poder y no el desarrollo del país.
Las ideas e ideologías políticas como fundamento de política económica raramente coinciden con la evidencia y teoría económica sobre cómo crear prosperidad de manera permanente en una sociedad, y en eso México no es tan distinto al resto del mundo.
Sin educación, salud, seguridad social, inclusión financiera, y un estado de derecho, difícilmente podremos recuperar una senda de prosperidad prometida por más de 18 años, y lejana ya en lo que se vislumbra como un sexenio más perdido en el desarrollo económico de México.