La estructura de la economía global está cambiando, la crisis financiera del 2008, pero sobretodo, la crisis que provocó el COVID-19 forzaron el replanteamiento de las cadenas globales de valor, es decir, se trastocó la lógica de la producción de mercancías a nivel mundial. El cierre de fronteras y de fábricas por la pandemia hicieron que, no solo los productos encarecieran, sino rompieron los eslabones de la cadena productiva pues ya no llegaban los insumos necesarios para la siguiente fase de la producción.
Ante este panorama la respuesta de las grandes empresas transnacionales y de diversos gobiernos ha sido el nearshoring o, en castellano, la relocalización de las cadenas productivas con el objetivo de acercar la producción a los mercados de consumo, la finalidad de esto es regresar a los niveles productivos previos a la crisis. Dentro de este movimiento geoestratégico México se encuentra en la mira por las características de competitividad con las que contamos: bajos salarios, naturaleza barata, baja regulación ambiental y, por supuesto lo más importante, la extensa frontera con Estados Unidos. Así pues, uno de los puntos a resaltar es que no todo el país es deseado para la relocalización, sino en específico solo algunas áreas geográficas constituidas como polos de desarrollo, zonas como el bajío y el norte de México resaltan por ello.
Por ejemplo, los analistas señalan que Nuevo León es ideal por las condiciones que se han creado y las negociaciones demuestran eso pues ya se han anunciado cuáles empresas invertirán en ese estado. Sin embargo, el tono triunfalista sobre este desplazamiento de maquilas de China hacia México en forma de “Inversión Extranjera Directa” debe de ser vista con precaución. El problema de los análisis que realizan ciertos economistas de la banca, de las empresas y del gobierno es que parten de una visión económica hoy altamente cuestionada: aquella que no toma en cuenta el impacto sobre la naturaleza. La economía neoclásica señala que el uso del medio ambiente así como los desastres que se generan en él son “externalidades” y, con ello, dejadas totalmente de lado.
Históricamente esto se ha dado a tal grado que, en México, ‘el lado B’ o la contracara de los paraísos industriales son verdaderos infiernos ambientales. No es un misterio que en Nuevo León la destrucción del entorno, el aire tóxico, la deforestación, la desertificación, la escasez de agua y la contaminación es generada por la gran actividad industrial dentro del Estado, parafraseando a la Dra. Ariadna Ramonetti, investigadora de la Universidad de Monterrey, bajo esta lógica extractivista estamos produciendo un necropaísaje.
No hay que dejar de señalar que la atracción de estas grandes cantidades de inversión se traduce en la privatización de una serie de elementos que la población utiliza para poder vivir cotidianamente: agua, energía, tierra, alimentos por mencionar algunos. Uno de los problemas es que las autoridades ambientales son obtusas ante la inmensidad del problema, que llegan a hacer (cuando lo hacen) es solicitar evaluaciones de impacto ambiental que, por corrupción o por incomprensión, terminan por ser documentos ignorados. No está en su lógica contar con un análisis del impactó ambiental global o sistémico de las cadenas productivas como un todo, al fragmentar los impactos ambientales en casos particulares de maquilas, por sí solas, muchas veces no muestran grandes afectaciones.
Es hora de salir de esa lógica económica rapaz ni el nearshoring, ni la economía verde ni la economía circular ni el desarrollo sostenible son alternativas reales para mejorar nuestra economía, es necesario salir del pensamiento mágico de esas propuestas y contar con políticas públicas basadas en conocimiento científico desde la economía ecológica, complementado con elecciones colectivas e individuales capaces de promover economías regenerativas y solidarias.
En ese sentido, alternativas de colectivos organizados como “Rancho El Chuzo” que conecta a productores rurales de Coahuila con consumidores en Monterrey son un ejemplo de estas opciones locales de cadenas o redes alternativas de comercio cuyo fundamento es la justicia y democracia económica.
El autor es doctor en Economía Política del Desarrollo y profesor en la Lic. en Ciencia Política de la Universidad de Monterrey.
Twitter: @E_AguilarH