Desde hace algún tiempo traía en la cabeza la idea de echarme un clavado a revisar los datos sobre el gasto del gobierno federal de México en el tema de salud. Motivado hace algunos días por la Reforma a la Ley General de Salud aprobada por el Congreso, y principalmente por la entusiasta convicción de mi buen amigo y tocayo Pablo Ayala, me di a la tarea de analizar algunos datos para comprender mejor la situación que tenemos en México respecto al tema financiero en materia de salud.
De acuerdo con datos de la OCDE el gasto público en México es del 3.3 por ciento respecto al PIB. La cifra más alta la tiene los Estados Unidos con el 15.9 por ciento del PIB. De acuerdo con nuestro presidente, el punto de referencia debe de ser Noruega, que gasta el 8.6 por ciento. Si quisiéramos igualar el 8.6 por ciento de Noruega con datos del 2022, tendríamos que haber gastado aproximadamente $2.45 billones de pesos, esto es tomando como base el PIB a pesos corrientes del 2022 de México.
En realidad, en el 2022 el gobierno federal de México gastó $1.092 billones de pesos en el ramo 19, que se conoce como “aportaciones a seguridad social” cabe mencionar que aquí no está incluida la operación de los hospitales públicos ni la inversión en equipamiento e infraestructura, este ramo 19 principalmente cubre las pensiones de todos nuestros jubilados y los servicios de salud que reciben los empleados y empleadores que aportan una proporción de su ingreso como cuota de seguridad social. Recordemos que todos los que somos empleados y los empleadores formales tenemos que pagar una cuota para seguridad social, estas cuotas se conocen como “aportaciones de seguridad social”.
Con datos de la Secretaría de Hacienda, podemos ver que en el 2022 las aportaciones para seguridad social totales sumaron $411 mil 852 millones de pesos, es decir, representaron solo el 38 por ciento del monto necesario para cubrir los gastos en pensiones del ramo 19.
En otras palabras, el Gobierno federal tuvo que subsidiar el otro 62 por ciento para cubrir el gasto comprometido para pensiones y servicios de salud en ese año. Un dato importante para resaltar es que este déficit se ha ido incrementando consistentemente año con año, pues en el 2018 el déficit era del 53 por ciento respecto al total de egresos comprometidos en el ramo 19, y ahora del 62 por ciento.
Muchos analistas han expuesto la importancia de reformar el sistema de pensiones o de diseñar estrategias para reducir ese déficit (subsidio) que debe poner el gobierno federal para cubrir las pensiones que, dado el envejecimiento de la población, es claro que el gasto continuará en ascenso. Sin embargo, recordemos que las aportaciones a seguridad social son hechas por empleados y empleadores que se encuentran en la formalidad, las personas ocupadas fuera del sector formal no aportan a seguridad social.
Tomando datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, sabemos que en México solo el 38.5 por ciento de las personas ocupadas tiene realmente acceso a servicios de seguridad social porque pagan su cuota, esto representó 22.1 millones de mexicanos en el 2022.
Con este dato podemos calcular que la aportación promedio para seguridad social, hecha por las personas ocupadas en México, el año pasado, fue a penas de $18,635 pesos anuales. Si todas las personas ocupadas en el país, esto es 57.3 millones, estuvieran en el sector formal y si todas estas personas pagaran su cuota para seguridad social, en lugar de haber tenido un ingreso en el 2022 de $411.85 mil millones de pesos, hubiéramos tenido un ingreso de $1.068 billones de pesos; esto es casi el 100 por ciento del gasto en el ramo 19, y es 2.6 veces más de lo que realmente se registró de ingresos por aportaciones en el 2022.
Es razonable pensar que, si todas las personas ocupadas formales e informales pagaran su cuota de seguridad social, también tendríamos mayor necesidad de incrementar tanto las pensiones, así como los servicios de salud, por lo que muy probablemente seguiríamos teniendo un déficit entre cuotas y gastos de seguridad social.
Como podemos ver el problema es grande y complejo y al momento tenemos más cuestionamientos que respuestas a preguntas como: ¿qué hacer para incentivar a las personas en la informalidad a que se suban a la formalidad? ¿cómo hacer para que más personas paguen sus cuotas para la seguridad social? ¿cómo mejorar la cantidad y la calidad de los servicios de salud? Respecto al tema de la cantidad y la calidad de los servicios de salud, vimos que la pandemia puso en evidencia los grandes retos que tenemos en nuestras instituciones públicas de salud.
Como muestra de ello, podemos ver los datos que presenta la OCDE en su página sobre indicadores de salud, (https://data.oecd.org/healtheqt/hospital-beds.htm) en donde México está en el último lugar en cuanto al número de camas por cada mil habitantes (aunque no sabemos nada sobre la calidad de las camas).
De acuerdo con esas cifras de la OCDE, México tiene 1 cama por cada mil habitantes, mientras que Noruega tiene 3.4, Dinamarca tiene 2.1, incluso Chile y Colombia tienen más camas por cada mil habitantes que México, con 1.9 y 1.7 respectivamente.
Con los datos presentados en este espacio podemos decir que (1) México es uno de los países con menor nivel de gasto en salud como proporción del PIB dentro de los países de la OCDE, con el 3.3 por ciento; (2) las aportaciones que hacemos los empleados y empleadores desde el sector formal son insuficientes para cubrir el 100 por ciento de las pensiones y servicios que se necesitan en el país, apenas se cubre el 38 por ciento del presupuesto federal destinado al ramo 19; y (3) México se encuentra en el último lugar de la OCDE en el indicador de camas por cada mil habitantes, con solamente una cama; esto sin contar la calidad de los servicios.
Lejos estamos de alcanzar las cifras de países como Noruega o Finlandia, para mejorar sustancialmente nuestros servicios de salud en calidad y cantidad; por supuesto que no esperamos que se logre alcanzar tales niveles en un sexenio, o incluso ni siquiera en dos sexenios, pero si esperamos que se tomen acciones progresivas para movernos hacia esos niveles, en lugar de dar pasos hacia atrás que ponen en riesgo no solo la salud financiera del gobierno federal sino la salud de todos los mexicanos, y el futuro de nuestras generaciones. Y aún no hemos revisado las cifras sobre los gastos de los hogares mexicanos en servicios de salud. Este tema lo dejaré para la siguiente edición de esta columna.