La respuesta corta es NO. Sin embargo, a nivel internacional, muchos de los indicadores en materia económica, y en particular de finanzas públicas, calculan y comparan diversos indicadores como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), y esta práctica parece ya inamovible, a pesar de que el PIB no es una variable que tenga una relación directa con las finanzas públicas.
Este tema viene a colación, porque el pasado lunes el Gobierno Federal festejaba la ratificación en la calificación de la deuda soberana del País, por parte de la calificadora Fitch Ratings, manteniéndola en triple “B-”, sin mencionar, por supuesto, que esta administración la recibió en triple B+, y ya había sido objeto de DOS degradaciones, primero a triple B y posteriormente a triple B-, (la cual mantiene), degradaciones que por supuesto, fueron objeto de críticas y descalificaciones por parte de nuestras autoridades, pero ahora se recibe con beneplácito mantener el triple B-, como señal de “fortaleza” en las finanzas públicas, es decir, se festeja el NO mejorar.
Dentro de las notas de prensa, Hacienda apunta que una señal de mejoría en la salud financiera, es la moderación en el cociente de la Deuda Pública como proporción del PIB, el cual, después de una importante alza en 2020, que lo elevó hasta un 51.3%, (cuando se recibió en 46.0%), para el cierre de 2022, gracias a la inflación, que aumentó el PIB nominal, este cociente cerraba en 49.4%, un punto menos que en 2021.
Sin embargo, como lo he comentado en notas anteriores, el tamaño de la economía no es un buen indicador para medir (relativamente) el desempeño de las finanzas públicas, ya que tradicionalmente se usan esos cocientes como la recaudación a PIB, y la deuda a PIB, entre otros cocientes.
En el caso que nos ocupa, de la deuda pública a PIB, un indicador más representativo sería el de la deuda pública a ingresos propios, o a ingresos propios de libre disposición, tal y como lo hace la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, y de manera conjunta con el cociente del servicio de la deuda a ingresos propios de libre disposición, indicadores más representativos de la solvencia y la capacidad de pago de los gobiernos.
Otro ajuste que se debe hacer a la estadística que presenta la SHCP, como también ya lo he comentado anteriormente, es desglosar y analizar por separado las cifras del Gobierno Federal, y las de los Organismos y Empresas (IMSS, ISSSTE), así como las de las empresas productivas del estado (PEMEX y CFE), ya que los datos que nos reporta Hacienda se presentan CONSOLIDADOS, lo cual no es lo apropiado para analizar la salud financiera del Gobierno Federal, ya que la calificación es a la deuda que emite el Gobierno Federal, solamente.
Si analizamos la evolución que presenta la deuda del Gobierno Federal, así como la de sus ingresos propios y de libre disposición, la película es menos favorable para el Gobierno, veamos.
Como es costumbre, Hacienda presenta la estadística de deuda “neta” (de disponibilidades de efectivo en TESOFE) concepto que NO corresponde al de deuda neta contemplado en la Ley Federal de Deuda Pública ni en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero bueno, usando esta cifra, a finales de 2018 el saldo de la deuda (neta) total del Gobierno Federal, ascendía a $8,087.3 miles de millones de pesos, y representaba 2.10 veces el total de ingresos del Gobierno Federal, (petrolero y no petrolero) ó 2.63 veces el ingreso total neto de participaciones a Estados y Municipios.
Es decir, la deuda del Gobierno Federal a finales de 2018, representaba el 210% del total de sus ingresos ó el 263% si se consideraban solo los ingresos disponibles, netos de participaciones a Estados y Municipios.
Para finales de 2022, la deuda del Gobierno Federal ha aumentado de 210% de sus ingresos totales, a 240%, y sin considerar los ingresos transferidos por Ley a los Estados, de 263% a 302%, es decir, para pagar la deuda actual, el Gobierno Federal ocuparía más de TRES años de sus ingresos totales de libre disposición.
Los Estados, si llegan al 100% de deuda, como proporción de sus ingresos de libre disposición, ya caen en farol rojo, y en el mejor de los casos, solo se les permite contratar nueva deuda por el 5% de sus ingresos propios de libre disposición.
En términos absolutos, de pesos nominales, al cierre de 2022, el saldo de la deuda neta total del Gobierno Federal ya era de $11,493.2 miles de millones de pesos, un incremento de $3,405.9 miles de millones de pesos, que representa un 42.1% de aumento en el saldo de la deuda en 2018, mientras los ingresos totales han crecido en solo un 23.7%, lo que pone de manifiesto una tendencia creciente al endeudamiento.
De hecho, el déficit fiscal, medido como los requerimientos financieros del sector público federal, en 2018 fue de solo $547.7 miles de millones de pesos, (2.3% del PIB) y al cierre del año pasado ya fue de $1,260.9 miles de millones de pesos, (4.5% del PIB), lo que contradice la afirmación de que han mejorado las finanzas públicas.
Finalmente, usando ahora la comparación tradicional de la deuda como proporción del PIB, la deuda neta del gobierno federal ascendía a finales de 2018 a 34.3%, y para finales de 2022, se ubicó en 40.3% del PIB, un aumento de SEIS puntos porcentuales como proporción del PIB en solo cuatro años.
No sé exactamente qué datos haya tomado en consideración la agencia Fitch Ratings, pero sin duda, los datos duros (y oficiales) son los que aquí se presentan, netos de la evolución de la deuda de Pemex y de CFE.
