De acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica, es posible explicar la competencia económica como el proceso de rivalidad entre dos o más empresas que participan en un mercado.
Para ello, las empresas ponen en práctica sus mejores estrategias para ganar la preferencia de los consumidores: reducir precios, mejorar el servicio al cliente, mejorar la calidad de sus productos o servicios, o innovar, ya sea productos o procesos de producción. En la medida en que realizan estas estrategias competitivas, las empresas generan un beneficio a la comunidad, satisfaciendo a los consumidores, aumentando la inversión y creando empleos.
La literatura científica ha dado a conocer estudios en más de 100 países. Resulta relevante indicar que el crecimiento económico de los países que hacen valer leyes en materia de competencia económica es mayor entre un dos y tres por ciento comparado con los países que no hacen valer legislación de competencia alguna.
Entre mayor sea el crecimiento económico, también habrá un incremento en las inversiones productivas, así como en la calidad y cantidad de empleos. Inclusive, existe evidencia que apunta a que una mayor competencia está correlacionada con menores estadísticas de corrupción. De hecho, los mismos estudios indican que si se remueven regulaciones o normas anticompetitivas, es posible mejorar la productividad de una nación hasta en un diez por ciento en un lapso de siete a ocho años.
La política de competencia empresarial puede incidir más allá del desarrollo económico, también puede repercutir en la redistribución de la riqueza mediante el efecto que tiene sobre la estabilidad de precios. Empíricamente, se ha demostrado que el sobreprecio que cargan los cárteles económicos (grupos de empresas que se coordinan para no competir entre sí) ronda el 23 por ciento por encima del precio que se cobraría en competencia. Por su cuenta, los cárteles económicos de empresas transnacionales cobran precios casi un 38 por ciento más altos que los cárteles que solo participan dentro de un país. Esto se puede explicar porque su poder sustancial de mercado es más elevado.
En general, una política de competencia debe tener como propósito provocar que las empresas se esfuercen continuamente por optimizar el uso de sus recursos al producir bienes y servicios. Con ello, los consumidores ganarán no solo mediante la disminución de los precios, sino también al ofrecerles mayor variedad, mayor innovación y mejor calidad de los bienes y servicios que consumen.
Porque si bien algunos consumidores prefieren un corte de cabello barato, otros lo prefieren con mayores comodidades y otros lo prefieren con mayor rapidez o a domicilio. Solo mediante el proceso competitivo se puede buscar continuamente satisfacer las necesidades y preferencias en una sociedad de una manera más eficiente y eficaz.
El autor es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. Doctor en Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas y Maestro en Derecho Norteamericano por Washington University. Licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey y Licenciado en Derecho por la UANL.