Las noticias sobre las tragedias que sufren los migrantes en el sur y norte de nuestro país indican que tenemos un sistema de control migratorio sobrepasado.
Las instituciones internacionales atribuyen la migración forzada a la pobreza, desigualdad social y violencia que sufren los individuos en sus países de origen. El Banco Mundial reporta que el 60% de la población de Guatemala sufre de pobreza, un 50% de desigualdad social y, el Índice Mundial para la Paz, ubica a este país en el lugar 106 de 163 países analizados. A Guatemala le siguen con indicadores similares El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Los migrantes que atraviesan México buscan solicitar el estatus de refugiados o un permiso de libre tránsito hacia el Norte—Canadá o Estados Unidos-.
Sin embargo, cualquier país que acepte refugiados necesita tener la infraestructura adecuada para ofrecer protección y asistencia sanitaria, educativa y legal que los ayude a adaptarse al país receptor durante su travesía. El panorama migratorio latinoamericano enfrenta una crisis humanitaria y requiere de cooperación entre las naciones.
Los migrantes constituyen un grupo complejo, diverso y difícil de categorizar según sus necesidades. Están los solicitantes de asilo, migrantes económicos, niños y adolescentes no acompañados, migrantes ambientalistas, migrantes irregulares, personas víctimas de trata o migrantes varados por períodos prolongados, ya que sus solicitudes de asilo fueron rechazadas o su migración es irregular.
Actualmente, la migración es intrarregional, es decir, se da también entre países de América Latina, por ejemplo, desde Venezuela y algunos países del Caribe hacia el país de destino como Colombia, Chile, Ecuador o Perú.
México es un país hospitalario para los migrantes pues la historia demuestra cómo durante el siglo XX se recibieron migrantes que huían de gobiernos dictatoriales o de conflictos armados. Sin embargo, desde 2018, las caravanas, una forma de colectividad masiva y organizada de migrantes, han ingresado a México en tránsito hacia los Estados Unidos.
Aunque México no aceptó ser un tercer país seguro para los migrantes, sí acordó con los Estados Unidos medidas para detener su flujo.
Por ejemplo, los buscadores de asilo estadounidense deben solicitarlo en México antes de hacerlo en los Estados Unidos. Mexico brindaría oportunidades laborales, acceso a servicios de salud y educación como parte de una visa humanitaria.
Sin embargo, los sistemas migratorios se vieron limitados ante la alta demanda, por lo que surgieron otros actores sociales para ayudar a los migrantes en su integración mientras continúan su viaje hacia el país de destino. Está ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados en México, o el Servicio Jesuita a Migrantes en México.
Estas organizaciones no están llamando a emigrar a México, sino que sus servicios están dirigidos a inmigrantes que ya se encuentran en el país y ofrecen asistencia jurídica, nuevas habilidades laborales o les ayudan a utilizar servicios gubernamentales, como salud y educación.
Gran parte de la ayuda se centra en las necesidades o demandas del migrante en tránsito, pero existen organizaciones que ayudan a las empresas a desarrollar sus capacidades sociales y formar parte del sistema de la gobernanza migratoria.
La Tent Partnership for Refugees fue fundada en 2016 por Hamdi Ulukaya, un migrante turco-estadounidense, y conecta a empresas con refugiados para ofrecerles trabajo e integrarlos a su nueva comunidad. Para Tent, conseguirle trabajo a un refugiado es ayudarlo a reconstruir una nueva vida, por lo que se centra en capacitar a las empresas en la contratación, capacitación y tutoría de refugiados, pero no ofrece programas directos a refugiados.
Tent investigó que los consumidores europeos prefieren comprar marcas de empresas que contratan refugiados porque estos pagan impuestos en lugar de que dependan de la asistencia del gobierno. Tent informa que los consumidores norteamericanos prefieren comprar marcas de empresas que contratan refugiados porque así expresan su apoyo a diversas formas de ciudadanía corporativa.
Tent también mapeó el estado de los inmigrantes venezolanos en Colombia y Perú para ofrecer asesoramiento sobre cómo las empresas pueden ayudar con la migración masiva.
La Tent Partnership for Refugees cuenta con una lista de más de 300 multinacionales comprometidas a contratar e integrar económicamente a los refugiados.
La lista incluye grandes tiendas minoristas (H&M Group, GAP Inc.), bienes de consumo (Adidas, New Balance), empresas de consultoría globales (Accenture, Adecco, Deloitte), bancos globales (BBVA, Santander), negocios y servicios en línea (Amazon, Airbnb, Google), entre muchas otras industrias.
Así, Tent demuestra cómo las empresas pueden formar parte activa de la gobernanza migratoria y ofrecer una solución de largo plazo.
La autora es Profesora de Administración en la EGADE Business School, miembro fundador de la Red de Investigación de Multinacionales de Países de Economías Emergentes y Miembro del Grupo Evaluador del IFC.