Imagine que despierta el primero de diciembre del 2024, y lee en los medios que se aprueban cambios constitucionales por los que se disuelve la composición actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral (TRIFE) y el Instituto Nacional Electoral (INE), para rehacerlos con ministros y comisionados electos en votaciones populares.
En apariencia nada importante pasaría en la vida cotidiana de los ciudadanos, pero en la realidad, estaríamos al borde de la autocracia. Me explico.
En las épocas en que dominaba el PRI, el régimen era presidencialista. Aunque en la ley existía el poder legislativo y el judicial, ambos poderes eran sumisos ante el poder ejecutivo. A tal nivel era el poder del presidente y la sumisión del poder judicial, que Carlos Salinas de Gortari envío al ministro presidente de la SCJN como su representante en la toma de posesión de un nuevo presidente en Perú, como a cualquiera de sus subordinados. Es decir, el país funcionaba sin un contrapeso importante al presidente en funciones.
Para cerrar el círculo, la alternativa de sacar al partido dominante del poder ejecutivo también era improbable, ya que el mismo gobierno contaba los votos y dictaminaba al ganador de las elecciones, no existían organismos autónomos.
México decidió cambiar en los noventa. Cuatro iniciativas apuntalaron un diseño institucional moderno, que limitó el poder presidencial al construir contrapesos importantes en el poder judicial, en los organismos autónomos y en la solución de controversias comerciales al amparo del Tratado de Libre Comercio. Se tratan del Tratado de Libre Comercio para América del Norte; la reforma al poder judicial que realizó el presidente Zedillo, creando el Consejo de la Judicatura y la composición de una Corte transexenal y más autónoma; la creación del INE como árbitro electoral; y la autonomía del Banco de México.
Durante la presente administración se ha atacado e intentado capturar al poder judicial y los organismos autónomos, también se han creado controversias con nuestros socios comerciales. De ganar la mayoría constitucional, adelantó el presidente y la candidata de Morena, reformarían la constitución para que los ministros de la Corte y comisionados autónomos sean elegidos por votación popular.
En la práctica, significa eliminar los contrapesos de estos organismos, porque seguramente si arrasan en las elecciones del 2024, no será difícil que ganen sus candidatos a ministros o comisionados en otra justa electoral.
Ante este escenario, volvemos al régimen de partido único. Se revierte la lucha de toda una generación por tener un sistema más democrático, volvemos a tener presidentes que dicta leyes a través del legislativo, sus ministros y jueces se encargarían de impartir la justicia que el presidente juzgue apropiada y, por supuesto, los votos los volvería a contar el gobierno, ya no desde Gobernación, pero sí desde el INE.
Y ante tanto poder, ¿por qué no modificar la autonomía de Banco de México? Esa iniciativa no la han anunciado, pero debe de ser tentador para un presidente sin límites. La generosa oferta de subsidios, ya sean transferencias directas o por las aventuras empresariales de los militares, presionarán la necesidad de recursos, máximo que ya se acabaron los guardaditos que durante muchos años construyó el país, tales como el Fondo de Estabilización, el FONDEN, los fideicomisos y otros.
Hay que recordar que lo verdaderamente importante de la ley del Banco de México es que le impide prestarle al gobierno, con lo que se evita la dominancia fiscal. Relajar esta disposición le da la prerrogativa del impuesto inflacionario al gobierno, pero nos llevaría al camino del México de los ochenta, el que hoy vive Argentina en materia de inflación y crisis económica.
En pocas elecciones se ha definido tanto para el futuro del país, como en la del 2024. La disyuntiva es si mantener y reforzar las instituciones que se construyeron desde los noventa, o regresar al sistema presidencialista, al régimen de partido único.
Mi posición es que debemos de evitar el colapso de las instituciones que tenemos, de los contrapesos que hacen el poder judicial, los organismos autónomos, y del límite explícito al gobierno en materia monetaria. Mi deseo es, que, al despertar el primero de diciembre del 2024, el diseño institucional actual, todavía siga ahí.