En días pasados, circuló en redes sociales una (des)información realizada por la Secretaría de Hacienda, en la que grafican la deuda del sector público federal, como porcentaje del PIB, y la comparan contra (supuestamente) el mismo indicador en otros países, mostrando que en México este cociente fue de 47.7% en 2022, cuando en los otros países con los que se comparan, fue muy superior, como por ejemplo Canadá con 102% y los Estados Unidos con 124%.
Obviamente, el mensaje dice que nuestra deuda pública es reducida comparada con la de otros Países, y es prueba de la “solidez” financiera del Gobierno Federal, tema que a continuación comentamos.
Como fuentes de información, señalan al Banco Mundial (BM), al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la Secretaría de Hacienda, ésta última para el dato de México, como si el BM y el FMI NO tuvieran dato para México, y vale la pena aclarar que el BM NO produce estos datos, por lo que dudo que sean datos corroborarles ya publicados, pues nunca se tiene disponibles al público en tan breve tiempo, como sería la deuda a diciembre de 2022, pero eso es pecata minuta.
Lo relevante al respecto, asunto que ya he tratado en notas anteriores, es que el dato de la deuda que proporciona la Secretaría de Hacienda para México, NO se elabora con apego a la metodología internacional publicada por el FMI, ya que en sus manuales, el de Government Financial Statistics, y en particular el de Public Sector Debt Statistics: Guide for Compilers and Users, detalla de manera completa y pormenorizada, las obligaciones de pago que se deben incluir al elaborar la referida estadística de deuda pública, por lo que es muy sencillo demostrar que el dato de deuda pública a PIB que elabora y proporciona la Secretaría de Hacienda, está incompleto y rasurado.
Incompleto, porque NO incluye la deuda de los Gobiernos Estatales y Municipales, montos que deben incluir también las deudas de los entes públicos de estos dos órdenes de gobierno, como sería, en el caso del Gobierno del Estado de Nuevo León, la deuda de Agua y Drenaje, de la Red de Autopistas y de la UANL, por señalar algunos.
Rasurado, porque tampoco incluye todos los conceptos de deuda que señalan los manuales ya referidos del FMI, principalmente la deuda asociada al pago de pensiones no contributivas con cargo a los presupuestos gubernamentales, incluyendo las pensiones a cargo del ISSSTE, del IMSS, tanto las pensiones a los derechohabientes, como a sus empleados, en el denominado Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), las de Pemex, la CFE, el ejército y todos los esquemas que existan, incluyendo los correspondientes a los gobiernos locales y a sus entes de gobierno.
En cuanto al dato de que la deuda es del 47.7% del PIB, es importante aclarar que ese dato corresponde a la deuda “neta” no a la deuda “bruta” y se obtiene al restarle a esta última las disponibilidades en “caja” de la TESOFE, y NO corresponde al concepto de deuda “neta” (de amortizaciones) que se incluye en finanzas públicas, además de que usan un PIB calculado por ellos, sobre estimado, por supuesto, y no el PIB nominal oficial del INEGI.
Y si consideramos que el dato de duda proporcionado por Hacienda ni siquiera incluye la deuda pública del extinto Fobaproa, ahora IPAB, la cual supera el millón de millones de pesos, ni la del fideicomiso para el rescate carretero (FARAC), es más que obvio que el dato “oficial” de la deuda pública en México, es más falso que un billete de dieciocho pesos.
Una última “rasurada” al dato de México, corresponde a que el concepto de deuda utilizado por el FMI, debe incluir TODAS las obligaciones de pago a cargo del gobierno y de sus entes, como podrían ser pagos por obras públicas realizadas por particulares, (como las Asociaciones Público Privadas) mismas que también deberían incluirse en las hojas de balances de los Gobiernos, como “pasivos”, como ocurre en el caso de adeudos a proveedores.
Curiosamente, si vemos la Ley de Disciplina Financiera que les aplica a Estados y Municipios, (pero NO al Gobierno Federal) ahí SÍ se incluyen esos compromisos de pago en los indicadores de deuda y de su servicio, que deben registrar los Estados en sus reportes al semáforo de la deuda.
Es absurdo hablar de “salud financiera” en el Gobierno Federal, cuando si se les aplicaran LOS MISMOS parámetros que a los Estados para permitirles contratar más deuda (y con TOPE del 15% de sus ingresos propios de libre disposición) el Gobierno Federal NO PODRÍA CONTRATAR NI UN PESO DE MÁS DEUDA!!
En los Estados, el indicador de luz verde, de endeudamiento sostenible, incluye el requisito de que tus obligaciones de pago no superen el 100% de tus ingresos propios de libre disposición, en el año, bueno, pues a nivel federal, el Gobierno tiene este indicador en un nivel SUPERIOR A 400%!! lo que significa que ni usando el total de sus ingresos durante cuatro años, alcanzarían a pagar lo que deben, y todavía se atreven a calificar sus finanzas como “sanas”?
En conclusión, la Secretaría de Hacienda sigue calculando y reportando el dato de deuda pública sin apegarse al manual metodológico del FMI, y aclaro que esta práctica no ha sido nueva ni aplicada por primera vez por la presente administración, y data de tiempo atrás, pero afirmo, con conocimiento de causa, que no es de interés para la actual administración, empezar a hacer bien las cosas, menos ahora que el discurso del Presidente ha sido que NO va a aumentar la deuda, afirmación que sigue repitiendo, cuando la evidencia del aumento real del endeudamiento es un mamut en la sala, y será explosiva en su último año de gobierno, ya que solicitaron al Congreso aumentarla en el equivalente a 7.3% del PIB, más de $2.5 Billones de pesos, hecho que parece haber pasado de noche a los analistas financieros nacionales e internacionales, y es tan fácil de corroborar, como leer el artículo 2 de la Ley de Ingresos, y sumar.
Otro tema similar, de comparar peras con manzanas, es cuando analizan en México cargas tributarias a PIB, usando cifras de la OCDE, ya que primero, esas cifras son de “contribuciones” no de impuestos, y segundo, corresponden al sector gobierno general, pero en México se usa el dato comparativo incluyendo solo al Gobierno Federal, y finalmente, nuestras aportaciones a las Afores, no califican porque estas instituciones son privadas, no entes públicos, lo que se debe tomar en consideración.
De tal suerte, para poder comparar apropiadamente, es necesario validar la calidad de la información que se procesa, ya que como se dice en econometría, si entra basura, sale basura.
